Pemex admite que el derrame en el Golfo fue por una fuga interna

Tras 69 días de versiones contradictorias, Pemex reconoce que el derrame del Golfo fue por una fuga en Cantarell y cesa a tres funcionarios.

Resumen simple

Pemex tuvo una fuga de petróleo en el fondo del mar desde el 6 de febrero. Tres de sus funcionarios la ocultaron: no avisaron a sus propios jefes ni al gobierno. El petróleo llegó a las playas de Veracruz, Tabasco y Tamaulipas y afectó a pescadores y comunidades costeras. Durante casi dos meses, el gobierno sostuvo que la responsabilidad era de un barco no identificado o de manantiales naturales de petróleo. El 16 de abril, el director de Pemex admitió la verdad, cesó a tres funcionarios y los denunció penalmente. Las labores de limpieza continúan en 48 playas. No hay muerte masiva de especies reportada hasta ahora, pero el daño al ecosistema y a la economía local todavía no tiene una medición definitiva.

¿Qué pasó?

El director general de Petróleos Mexicanos, Víctor Rodríguez Padilla, confirmó el jueves 16 de abril que el origen del derrame fue una pérdida de integridad mecánica en un oleoducto de 36 pulgadas ubicado en el activo Abkatún-Pol-Chuc, dentro del complejo Cantarell, en la Sonda de Campeche. La fuga no fue reportada a los niveles directivos de la empresa ni al gobierno en su momento. Quienes sí la conocían optaron por contenerla sin informar, mientras hacia afuera se construía una narrativa distinta.

Como consecuencia, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República, y tres altos mandos operativos de Pemex fueron separados de sus cargos de forma cautelar mientras avanza la investigación.

¿Cuándo y dónde?

La fuga se registró el 6 de febrero de 2026 en el lecho marino del complejo Cantarell, Sonda de Campeche. Dos días después, el 8 de febrero, buzos de la empresa localizaron el punto exacto de la ruptura. Los trabajos de reparación concluyeron el 18 de febrero, pero para entonces el hidrocarburo ya llevaba casi dos semanas dispersándose en aguas del Golfo.

El análisis posterior de más de 70 imágenes satelitales, efectuado por un grupo científico convocado por la Secretaría de Ciencia, confirmó que la mancha de petróleo era visible en la zona de Abkatún desde el 4 de febrero, cuando medía alrededor de 18 kilómetros. Para el 7 de febrero había crecido a 47 kilómetros, y alcanzó 75 kilómetros el 15 de febrero. Las corrientes marinas se encargaron del resto: a principios de marzo el crudo comenzó a tocar las costas de Tabasco, Veracruz y, posteriormente, Tamaulipas.

Pemex admitioirregularidades dentro de la empresa estatal

El propio Rodríguez Padilla describió cómo tuvo que forzar el acceso a la información dentro de su empresa. El 3 de abril, luego de recibir el informe científico preliminar, solicitó al área operativa las bitácoras de navegación y las imágenes satelitales de febrero. La respuesta fue resistencia. Tuvo que hacer la solicitud por escrito y revisar personalmente los registros de ocho embarcaciones, de los que obtuvo datos que nadie le había reportado.

Lo que encontró en esos registros derivó en una denuncia directa ante la Fiscalía General de la República y ante la Secretaría Anticorrupción. El director detalló al menos cuatro irregularidades documentadas:

– La omisión deliberada del reporte sobre la fuga a los mandos superiores.

– La negación sostenida del incidente por parte de las áreas operativas incluso cuando el petróleo ya llegaba a las playas.

– El manejo discrecional de unos 350 metros cúbicos de agua oleosa recuperada en barreras de contención, que no fue reportada.

– La decisión de no cerrar completamente el flujo del ducto, lo que prolongó la duración y la magnitud del derrame.

La válvula principal no fue clausurada sino hasta el 14 de febrero, ocho días después de detectada la fuga. retrasando la respuesta de la paraestatal y entorpeciendo los protocolos para tomar las medidas adecuadas.

Los tres funcionarios removidos son el subdirector de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental; el coordinador de Control Marino, Derrames y Residuos; y el líder de Derrames y Residuos de Pemex. Sus identidades permanecen reservadas por el proceso judicial en curso.

Contexto: ¿por qué importa esto?

Cantarell fue durante décadas el campo petrolero más productivo de México. Hoy opera con una infraestructura que acumula décadas de desgaste y mantenimiento insuficiente. El gobierno en el sexenio de López Obrador hizo inversiones y mejoro parte de las instalaciones pero aun sigue existiendo deficiencias que deben ser atendidas.

Lo que distingue a este caso no es únicamente la magnitud del daño ambiental, sino el patrón institucional que expone: la información no emergió por un protocolo de transparencia ni por una comunicación voluntaria del gobierno. Salió porque pescadores y comunidades costeras documentaron el impacto en sus medios de vida, y porque la presión acumulada volvió insostenible seguir con la versión emitida por el gobierno.

Medidas para mitigar el daño

El operativo de respuesta desplegado por el gobierno federal es, en términos de recursos, considerable. Más de 3,300 elementos entre personal de la Secretaría de Marina, trabajadores de Pemex y funcionarios de Semarnat, Profepa, Conapesca y autoridades municipales han operado de manera coordinada en los tres estados afectados. El despliegue incluye 25 buques y embarcaciones, nueve aeronaves, drones aéreos y submarinos, y más de 18 mil metros de barreras de contención instaladas en el mar.

En las costas se han atendido 48 playas a lo largo de más de 480 kilómetros de litoral, con prioridad en Veracruz y Tamaulipas. Las labores de recolección han acumulado 915 toneladas de residuos, entre los que se incluye sargazo contaminado. La Marina ha realizado más de mil recorridos de supervisión en 173 localidades costeras.

En el plano ecológico, las autoridades reportaron la atención de 13 tortugas con presencia de hidrocarburo en su cuerpo. El Grupo Interinstitucional señaló que no se registra muerte masiva de ninguna especie en las costas del Golfo —un dato que las autoridades han subrayado—, aunque los propios funcionarios reconocen que el monitoreo continúa y que aún no existe un cálculo confiable del volumen total de petróleo derramado ni una evaluación definitiva del impacto en ecosistemas sensibles como manglares y esteros. Para las comunidades pesqueras afectadas se anunció un fondo de 35 millones de pesos.

Interpretación: hechos vs. suposiciones

Lo que está verificado: La fuga ocurrió el 6 de febrero en un oleoducto de Pemex en Cantarell. Tres funcionarios operativos ocultaron el incidente a su propia dirección general. El gobierno presentó versiones falsas del origen del derrame durante casi dos meses. ASEA interpuso denuncia penal ante la FGR y tres funcionarios fueron separados de sus cargos.

Lo que se puede inferir razonablemente: La ocultación interna respondió, al menos en parte, a la intención de proteger a quienes tomaron decisiones operativas incorrectas. El propio director de Pemex lo sugiere cuando describe la resistencia activa a entregar documentación. La narrativa pública del gobierno estuvo condicionada por lo que las áreas operativas reportaban hacia arriba, no por una investigación independiente del origen.

Lo que es especulación: No hay evidencia pública de que los niveles más altos del gobierno —incluyendo a la presidenta Claudia Sheinbaum— hayan tenido conocimiento de la causa real antes de que el director de Pemex la descubriera el 3 de abril. Atribuirles conocimiento previo va más allá de los hechos documentados. Tampoco está confirmado si el ocultamiento fue un acuerdo coordinado entre varios funcionarios o una cadena de omisiones individuales que se retroalimentaron.

Una lectura que sí sostienen los hechos: El gobierno mexicano construyó y sostuvo durante casi dos meses una narrativa pública sobre un evento cuya verdadera causa era conocida por al menos tres funcionarios internos. Eso no es un error de comunicación: es una falla estructural de rendición de cuentas dentro de la empresa paraestatal.

Hay además una ironía que conviene nombrar sin rodeos. La actual administración federal eliminó los convenios de publicidad oficial con los que sexenios anteriores financiaban —y condicionaban— a los medios de comunicación. La medida se presentó como un gesto de independencia. Tiene ese mérito. Pero implica también una consecuencia que el gobierno parece no haber calculado del todo: los medios que ya no reciben dinero público no tienen incentivo alguno para moderar su cobertura. Fueron precisamente esos medios, junto con organizaciones civiles y las propias comunidades afectadas, quienes documentaron la mancha, publicaron las imágenes y sostuvieron la presión informativa hasta que la verdad resultó imposible de contener. No se puede desmantelar el mecanismo que se usaba para administrar la información y luego esperar que la información siga siendo administrable. Las reglas cambiaron para todos.

Fuentes

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