EU acusa a Rocha Moya de narco; SRE: sin pruebas para extradición

Estados Unidos acusa formalmente al gobernador Rocha Moya y a 9 funcionarios de Sinaloa por narcotráfico. La SRE dice que las solicitudes de extradición carecen de pruebas.

Resumen

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó el 29 de abril de 2026 una acusación formal contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve funcionarios y exfuncionarios estatales por presunta asociación con el Cártel de Sinaloa. Los cargos incluyen conspiración para importar fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina a Estados Unidos, así como delitos relacionados con armas. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó que recibió las solicitudes de detención con fines de extradición un día antes, pero señaló que los documentos no contienen elementos de prueba suficientes. Rocha Moya rechazó las acusaciones desde sus redes sociales.

Desarrollo de la información

El Departamento de Justicia de Estados Unidos desclasificó una acusación que señala directamente al gobernador Rubén Rocha Moya y a un entramado de funcionarios de alto nivel en Sinaloa como colaboradores de la facción conocida como “Los Chapitos”, encabezada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.

El anuncio lo realizaron el fiscal federal Jay Clayton y el administrador de la DEA, Terrance C. Cole, el miércoles 29 de abril de 2026. El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, difundió el comunicado en redes sociales.

Según la acusación, Rocha Moya habría sido beneficiado electoralmente por “Los Chapitos”, quienes supuestamente secuestraron e intimidaron a sus rivales políticos antes de las elecciones de 2021. Una vez en el cargo — que ocupa desde el 1 de noviembre de ese año —, el gobernador habría asistido a reuniones con líderes del grupo criminal y prometido protección para sus operaciones de narcotráfico hacia territorio estadounidense.

El expediente detalla que otros funcionarios recibían pagos periódicos a cambio de proteger a integrantes del cártel, filtrar información sobre operativos y evitar detenciones. Uno de los acusados, Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, habría recibido alrededor de 11 mil dólares mensuales por estas funciones, según la acusación.

El caso más grave involucra a Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, excomandante de la Policía Municipal de Culiacán, a quien también se le imputan cargos por el secuestro y muerte de una fuente confidencial de la DEA y un familiar de esta en octubre de 2023. Según el expediente, ambas víctimas fueron asesinadas por ser sospechosas de colaborar con la investigación.

El caso quedó asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla. Rocha Moya enfrenta tres cargos: conspiración para importar narcóticos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer dichas armas. Las penas potenciales son cadena perpetua o un mínimo obligatorio de 40 años de prisión.

Lista completa de acusados: Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa (76 años); Enrique Inzunza Cázarez, senador y exsecretario general de Sinaloa (53); Enrique Díaz Vega, extitular de Finanzas (50); Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal estatal (54); Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de Policía de Investigación de la Fiscalía; Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “Cholo”, exjefe de Policía de Investigación; Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública; José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”, exsubdirector de la Policía Estatal; Juan de Dios Gámez Mendívil, presidente municipal de Culiacán (41); y Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, excomandante de la Policía Municipal de Culiacán.

Se presume que los diez acusados se encuentran actualmente en México.

¿Qué dicen las fuentes?

Departamento de Justicia de EU: El fiscal Jay Clayton declaró que el Cártel de Sinaloa no operaría con tanta libertad sin políticos y funcionarios corruptos en su nómina. El administrador de la DEA, Terrance Cole, calificó al Cártel de Sinaloa como una organización terrorista que depende de la corrupción para funcionar.

Rubén Rocha Moya: Publicó un mensaje en su cuenta de X donde rechazó las imputaciones afirmando que carecen de veracidad y fundamento. Calificó la acusación como un ataque no solo contra su persona, sino contra el movimiento de la Cuarta Transformación y la soberanía nacional.

Secretaría de Relaciones Exteriores: Confirmó haber recibido solicitudes de detención provisional con fines de extradición el 28 de abril a las 18 horas. Indicó que, tras revisión jurídica bajo el Tratado de Extradición bilateral, los documentos no contienen elementos de prueba para determinar la responsabilidad de las personas señaladas. Turnó los expedientes a la Fiscalía General de la República (FGR) para que evalúe su viabilidad conforme a la legislación mexicana. Además, la SRE anunció que enviará un extrañamiento diplomático a la Embajada de Estados Unidos por haber divulgado públicamente las acusaciones, en violación de las cláusulas de confidencialidad previstas en los tratados vigentes.

Presidenta Claudia Sheinbaum (27 de abril, previo a la acusación formal): Ante el reportaje del Los Angeles Times sobre la estrategia anticorrupción del gobierno Trump, la mandataria declaró que su gobierno no protegería a nadie con evidencias en su contra, pero exigió que cualquier señalamiento esté respaldado por pruebas verificables. Citó el precedente del general Salvador Cienfuegos, detenido por la DEA en 2020 y liberado después de determinarse que no había pruebas suficientes. Hasta el cierre de esta investigación, Sheinbaum no había emitido postura sobre las acusaciones formales del 29 de abril.

SinEmbargo: Reportó que la acusación se enmarca en una estrategia adelantada por el diario Los Angeles Times el 26 de abril, que reveló que la Embajada de Estados Unidos planeaba presentar cargos contra políticos mexicanos — incluidos integrantes de Morena — como parte de una campaña anticorrupción encabezada por el embajador Ronald Johnson.

¿Qué implica para la relación México-EU?

Esta acusación llega en un momento de alta tensión bilateral. Apenas días antes, México reclamó explicaciones sobre la muerte de dos agentes estadounidenses en Chihuahua cuya presencia no fue notificada, y la presidenta Sheinbaum exigió reciprocidad en el combate a la corrupción, señalando que México ha pedido la extradición de empresarios con doble nacionalidad vinculados a fraude fiscal sin obtener respuesta.

La acusación coincide con las negociaciones de revisión del T-MEC y podría convertirse en un punto de presión adicional. El reportaje del Los Angeles Times, publicado tres días antes de la acusación formal, indicó que esta ofensiva judicial forma parte de una estrategia más amplia de Washington que no se limitaría a la cancelación de visas.

La SRE eligió un tono institucional pero firme: reconoció las solicitudes, señaló la falta de pruebas adjuntas, delegó la decisión final a la FGR y reclamó la violación de confidencialidad del proceso. Es un posicionamiento que no cierra la puerta al trámite de extradición, pero marca distancia del método empleado por Washington.

Cabe recordar que el artículo 14 de la Ley de Extradición Internacional establece que ningún mexicano podrá ser entregado a un Estado extranjero sino en casos excepcionales a juicio del Ejecutivo, lo que añade una capa de complejidad política al proceso.

Señales que generan dudas

Sobre la acusación estadounidense: Los cargos son graves y específicos — incluyendo montos, fechas, reuniones y nombres —, pero al momento de su publicación, la SRE señaló que los documentos entregados no contienen elementos de prueba que los respalden. El Departamento de Justicia afirmó que los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad.

Sobre la respuesta de Rocha Moya: El gobernador no abordó ninguna de las acusaciones específicas en su comunicado. En lugar de responder al contenido de los cargos, enmarcó la acusación como un ataque político contra la Cuarta Transformación y la soberanía mexicana. Este encuadre político no sustituye una defensa jurídica.

Sobre el contexto político: La acusación se produjo apenas tres días después de que el Los Angeles Times revelara la estrategia anticorrupción y dos días después de que Sheinbaum exigiera pruebas. La secuencia plantea preguntas: ¿la acusación estaba preparada previamente y la filtración al LA Times fue deliberada? ¿O la publicación aceleró el calendario del DOJ? No hay información suficiente para determinarlo.

Antecedente relevante: Los señalamientos contra Rocha Moya no son nuevos. En octubre de 2024, una investigación del periodista Luis Chaparro reveló que no había registro migratorio de que el gobernador hubiera ingresado a Estados Unidos el día de la captura de Ismael “El Mayo” Zambada (25 de julio de 2024), contradiciendo la coartada que Rocha había ofrecido públicamente.

Verificación de la información

Verificado:

El Departamento de Justicia de EU presentó cargos formales el 29 de abril de 2026 contra Rocha Moya y 9 funcionarios.
Los cargos fueron radicados en la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, ante la jueza Katherine Polk Failla.
La SRE confirmó haber recibido solicitudes de extradición el 28 de abril y declaró que los documentos carecen de elementos de prueba.
La SRE turnó los expedientes a la FGR y anunció un extrañamiento a la Embajada de EU.
Rocha Moya rechazó las acusaciones a través de su cuenta de X.
Sheinbaum exigió pruebas claras el 27 de abril, antes de conocerse las acusaciones formales.

Razonablemente inferible:

Las acusaciones forman parte de la estrategia anticorrupción adelantada por el Los Angeles Times el 26 de abril.
La divulgación pública antes de la entrega formal de pruebas a México podría ser una herramienta de presión diplomática.
La postura de la SRE busca proteger el marco jurídico mexicano sin rechazar de plano la cooperación con EU.

Suposiciones no verificadas:

No se ha verificado si existen pruebas documentales, testimoniales o de inteligencia que respalden los cargos más allá de lo declarado en la acusación.
No se sabe si la FGR procederá con alguna detención o investigación propia.
No se ha confirmado una postura oficial de Sheinbaum posterior a las acusaciones del 29 de abril.
No se ha verificado si Rocha Moya ha solicitado licencia, amparo o algún recurso legal.

Fuentes

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