Royal Caribbean, Morena y los hoteleros: la guerra de intereses detrás del parque de Mahahual

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El proyecto Perfect Day en Mahahual enfrenta amparos, clausuras y una disputa entre intereses turísticos rivales. Lo que está verificado y lo que no.

Resumen

El parque acuático Perfect Day que la naviera estadounidense Royal Caribbean busca construir en Mahahual, Quintana Roo, ha desatado uno de los conflictos ambientales, legales y políticos más complejos del sureste mexicano en 2026. Con una inversión anunciada de más de mil millones de dólares, el proyecto enfrenta clausuras de Profepa, amparos desechados por tecnicismos, una evaluación de impacto ambiental pendiente ante Semarnat, y una disputa que va mucho más allá de los manglares: en el fondo hay dos modelos de negocio turístico que compiten por el futuro de la costa de Quintana Roo.

El proyecto y la zona

Mahahual es una localidad costera de apenas dos a tres mil habitantes, ubicada al sur de Quintana Roo en el municipio de Othón P. Blanco. Su actividad económica gira casi por completo en torno al turismo de cruceros: entre enero y junio de 2025 registró 302 arribos y 1.2 millones de pasajeros. Cuando no hay barcos, la actividad económica se detiene. La localidad carece de transporte urbano eficiente, vigilancia policial suficiente, drenaje completo y atención médica adecuada. Esas condiciones estructurales son, al mismo tiempo, el argumento de quienes apoyan la inversión y el argumento de quienes la rechazan.

En octubre de 2024, Royal Caribbean anunció Perfect Day México: un complejo turístico orientado al mercado de cruceros que incluiría 30 toboganes de más de 30 metros de altura, un río artificial para flotar descrito como el más grande del mundo, una piscina de 9 mil metros cuadrados, bares y cabañas. El megaproyecto proyecta recibir hasta 21 mil visitantes diarios —siete veces la población de la localidad— y fue presentado en un acto público en Chetumal con la gobernadora Mara Lezama Espinosa como anfitriona. La inversión inicial anunciada fue de 600 millones de dólares; cifras más recientes colocan el monto total en más de mil millones.

Para llegar a ese anuncio, Royal Caribbean adquirió en 2025 el puerto de Costa Maya y 34 predios en la zona, incluyendo el fraccionamiento Casitas, por más de 221 millones de dólares. El proyecto se plantea sobre un predio de 825 mil 808 metros cuadrados —equivalentes a 82.58 hectáreas— que incluye franja de Zona Federal Marítimo Terrestre.

La ruta de los permisos: velocidad inusual y vicios documentados

El 3 de noviembre de 2025, la empresa solicitó ante el municipio de Othón P. Blanco la modificación del Programa de Desarrollo Urbano (PDU) de Mahahual para cambiar el uso de suelo de 107.67 hectáreas. Ocho días después, el cabildo aprobó el dictamen. El 5 de diciembre, el acuerdo fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.

Esa velocidad es el centro de las denuncias legales. La abogada Irma Morales Cruz, de la asociación civil Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), documentó que el proceso omitió los plazos que la ley establece para que la ciudadanía pueda revisar y cuestionar el impacto de la obra. El PDU vigente establecía que en zonas de humedal o manglar toda acción requiere autorización federal de Semarnat, y que los municipios deben verificar el cumplimiento de normas ambientales antes de expedir licencias. El documento de planeación señalaba expresamente que “por ningún motivo se promoverá el desarrollo a costa del aprovechamiento irracional de los recursos naturales”.

El terreno sobre el que se construiría Perfect Day no tiene la categoría formal de Área Natural Protegida. Lo que existía era precisamente ese PDU municipal que prohibía expresamente los parques acuáticos en Mahahual y establecía límites de altura para cualquier construcción en la zona. El proyecto de Royal Caribbean no cumplía ninguno de esos parámetros. La solución adoptada por el municipio no fue solicitar una excepción ni ajustar el proyecto para que cumpliera con la norma: fue reescribir las reglas. El cabildo de Othón P. Blanco autorizó una reconfiguración de usos de suelo y parámetros de aprovechamiento que eliminó las restricciones que impedían el proyecto y amplió las alturas de construcción permitidas. La distinción es relevante: no se trata de un cambio de zona protegida a uso comercial, sino de que las reglas vigentes decían que no, y las reglas fueron cambiadas. El terreno sí alberga manglares, ecosistemas protegidos por la NOM-059-SEMARNAT-2010 y el Artículo 60 TER de la Ley General de Vida Silvestre con independencia de cualquier PDU, y colinda a 25 metros con la Reserva de la Biosfera Caribe Mexicano.

El 9 de diciembre de 2025, la empresa Cielo Asoleado S. de R.L. de C.V. —una de las sociedades con que Royal Caribbean opera en México— ingresó ante Semarnat la Manifestación de Impacto Ambiental en modalidad regional del proyecto.

¿Qué dicen las fuentes?

Profepa: El 28 de enero de 2026, inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente acudieron a Mahahual tras una denuncia ciudadana y documentaron relleno y compactación de un camino en una zona de vegetación costera con presencia de manglar, además de trabajos de demolición sin autorización de impacto ambiental, en una superficie de 17 mil 115 metros cuadrados. Impusieron clausura total temporal el 29 de enero. Días después, la organización DMAS denunció que las obras continuaban pese a la clausura, y difundieron videos con maquinaria pesada operando en el predio.

Royal Caribbean: La empresa sostuvo que los trabajos clausurados correspondían a la demolición de instalaciones de lo que describió como un antiguo parque acuático preexistente en el terreno, con estructuras abandonadas y deterioradas que representaban riesgos de seguridad. El propio documento de inspección de Profepa confirmó que las obras estaban relacionadas con un desarrollo que anteriormente se identificaba como “Destino Mahahual” —nombre previo del mismo proyecto de Royal Caribbean— y que posteriormente fue renombrado como Perfect Day Mahahual. La empresa afirmó contar con permisos de los tres órdenes de gobierno para esa fase específica de demolición. Ninguna fuente independiente ha verificado la existencia de un parque acuático anterior y abandonado en ese predio específico; la afirmación proviene exclusivamente de la empresa.

Semarnat: La consulta pública de la Manifestación de Impacto Ambiental concluyó el 23 de marzo de 2026. La dependencia aún no ha emitido su dictamen final, del que depende que el proyecto avance o se detenga de manera definitiva. Ese dictamen es, al día de hoy, el último recurso institucional vigente para los opositores.

Claudia Sheinbaum: El 9 de febrero de 2026, en la conferencia mañanera, la presidenta declaró que no puede haber un desarrollo de miles de dólares junto a una comunidad que tiene necesidades. No obstante, nunca se refirió a la cancelación del proyecto. Su posición fue que la Semarnat tiene la facultad de modificarlo, reducirlo o establecer medidas de mitigación si hay afectación ambiental, pero que la inversión es bienvenida si cumple con la normatividad.

Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo: Promovió el proyecto desde su anuncio como una vía de desarrollo económico para el sur del estado. Declaró: “Les daremos siempre sí a los desarrollos sostenibles y sustentables, cuidadosos del medio ambiente. Es una gran inversión.” No se pronunció públicamente sobre la intervención legal de su gobierno en favor de Royal Caribbean.

¿Por qué este conflicto va más allá del medio ambiente?

El debate sobre los manglares y los arrecifes es real y está documentado con evidencia técnica. Pero la anatomía del conflicto revela algo más complejo: dos modelos de negocio turístico que compiten por el mismo territorio.

El turismo de cruceros, que domina Mahahual, genera flujos masivos de visitantes que desembarcan, consumen en instalaciones propias de la naviera y reembarcan sin pernoctar ni gastar en la economía local. El turismo de hoteles boutique y buceo, predominante en otros puntos de Quintana Roo como Tulum o Holbox, funciona con una lógica opuesta: visitantes de menor volumen, mayor gasto por persona y permanencia prolongada. Si Royal Caribbean construye un complejo capaz de absorber a 21 mil personas diarias en instalaciones propias —y la propia empresa declaró en su Manifestación de Impacto Ambiental que el proyecto busca “disminuir la fragmentación generada por el desarrollo de diversos proyectos particulares, al sustituirlos por un solo proyecto turístico integral”— los servicios locales de hospedaje, restaurantes independientes y operadores de buceo quedan desplazados del flujo turístico.

Ese es el trasfondo que da sentido a la composición de los actores en conflicto.

Los actores y sus intereses: lo que hay documentado

Del lado del proyecto:

El nombre que concentra las mayores dudas documentadas es Ari Adler Brotman. Durante tres años fue director general del Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo (Idefin), organismo del gobierno de Mara Lezama encargado de atraer inversión privada al estado, con un sueldo mensual de 28 mil 510 pesos. En julio de 2025 dejó el cargo. El 27 de octubre de 2025 fue nombrado apoderado legal de Promociones Turísticas Mahahual S.A. de C.V., una de las sociedades con que Royal Caribbean opera en México. El 3 de noviembre, tres meses después de dejar el gobierno, solicitó el cambio de uso de suelo para Perfect Day. Ocho días después fue aprobado. Adler pasó, en menos de un cuatrimestre, de ser el funcionario que debía regular este tipo de proyectos a ser el representante legal de la empresa que los ejecuta. El Idefin supervisaba proyectos inmobiliarios en el área de Mahahual mientras Adler era su director. Ante la Fiscalía Anticorrupción existe una denuncia por su inmediata contratación, que presuntamente no respetó el periodo de enfriamiento que la ley establece para funcionarios que pasan a la iniciativa privada. Royal Caribbean respondió que no existe conflicto de intereses y que contrató a Adler por su experiencia en el sector privado.

El conflicto de interés no se limita a Adler. La Sedetus —Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable del gobierno de Quintana Roo— fue quien impugnó los amparos ciudadanos ante los tribunales, actuando como defensor legal de una empresa privada extranjera, no como árbitro de la legalidad. El titular de esa dependencia, José Alberto Alonso Ovando, también fue funcionario del exgobernador Roberto Borge Angulo, actualmente preso por delitos cometidos en la función pública.

Del lado opositor:

La asociación civil DMAS fue fundada en mayo de 2018 por la abogada Antonella Vázquez Cavedon. Su organización se autodescribe como no gubernamental, sin fines de lucro y apartidista. No existe documentación de afiliación partidaria. Sin embargo, una investigación de la revista Polemón publicada en 2022, en el contexto del Tren Maya, documentó que Vázquez Cavedon figuraba como apoderada legal y accionista nominal en empresas hoteleras con capital extranjero —entre ellas Intikam S.A. y TUPAI S.A.— vinculadas a propiedades costeras en Quintana Roo. La investigación señaló que su presencia como accionista de una sola acción en cada sociedad podría estar relacionada con la restricción constitucional que impide a extranjeros adquirir propiedades en la franja de 50 metros de playa. Es necesario precisar que esa investigación corresponde al caso del Tren Maya, no a Mahahual, y que DMAS no ha respondido públicamente esas acusaciones en el contexto específico del proyecto Perfect Day.

Irma Morales Cruz aparece en los medios como abogada de DMAS y promovente de amparos tanto en el caso Mahahual como en el conflicto con la Sedena en Bacalar. No hay registros documentados de vínculos partidistas.

La campaña Salvemos Mahahual fue iniciada por Morgane Vainberg, descrita como maestra de buceo y antropóloga. No existen registros de vínculos políticos o empresariales.

La organización Sélvame Mx —antes Sélvame del Tren— y su representante José Urbina Bravo han participado en el conflicto criticando el historial de los funcionarios contratados por Royal Caribbean. Sélvame fue caracterizada durante el sexenio de AMLO como vinculada a intereses hoteleros que se oponían al Tren Maya por razones económicas, aunque esa acusación provino del propio gobierno en funciones y no de una investigación independiente.

La vía judicial: cerrada por la forma, no por el fondo

El 30 de abril de 2026, el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito desechó el amparo promovido por DMAS contra la modificación del PDU. El tribunal no entró al análisis de si hubo violaciones al derecho a un medio ambiente sano —reconocido en el Artículo 4° constitucional— sino que cerró la puerta por un argumento estrictamente formal: la asociación presentó su demanda el 16 de enero de 2026, y el tribunal determinó que debió haberla presentado antes del 30 de diciembre de 2025, porque el plazo aplicable era de 15 días y no de 30, al considerar que la modificación del PDU fue un simple acto de autoridad y no una reforma de ley.

El 27 de marzo de 2026, una jueza de Distrito en Chetumal levantó la clausura de Profepa que detenía los trabajos de desmonte.

Con los amparos desechados y la clausura levantada, el único freno jurídico efectivo que permanece es la evaluación de impacto ambiental en Semarnat, cuyo dictamen final está pendiente.

Señales que generan dudas

Sobre el proceso de aprobación de permisos estatales: el cambio de uso de suelo de 107.67 hectáreas fue aprobado en ocho días, cuando la normativa prevé plazos para revisión ciudadana. No se realizó consulta pública con los habitantes de Mahahual antes de modificar el PDU, pese a que el proyecto afecta directamente el territorio donde viven.

Sobre la defensa legal del proyecto: el gobierno estatal de Quintana Roo —no la empresa— fue quien apeló los amparos ciudadanos, asumiendo el costo legal y político de defender a una corporación privada extranjera.

Sobre el argumento del parque previo: Royal Caribbean justificó las obras clausuradas por Profepa señalando que demolía instalaciones de un parque acuático anterior abandonado en el terreno. El documento de Profepa confirmó que el predio se identificaba previamente como “Destino Mahahual” —nombre anterior del mismo proyecto de Royal Caribbean, no de una instalación distinta—. Ninguna fuente independiente verificó la existencia de un parque previo diferente al proyecto actual.

Sobre la comunidad: los testimonios recogidos por medios locales indican que la primera reunión entre Royal Caribbean y habitantes de Mahahual la presidió Ari Adler como funcionario de gobierno; en la segunda ya se presentó como representante de la empresa. Esa secuencia no ha sido desmentida.

Sobre las organizaciones opositoras: no existe documentación que acredite financiamiento hotelero directo hacia DMAS en el caso específico de Mahahual. La investigación que señala vínculos de Vázquez Cavedon con el sector hotelero data de 2022 y refiere un caso distinto.

Verificación de la información

Verificado

  • Royal Caribbean adquirió el puerto de Costa Maya y 34 predios en Mahahual por más de 221 millones de dólares en 2025.
  • El PDU vigente en Mahahual prohibía expresamente los parques acuáticos en la localidad. El municipio lo modificó en ocho días en noviembre de 2025 para permitir el proyecto, sin realizar consulta pública previa.
  • El terreno no tiene categoría de Área Natural Protegida, pero alberga manglares protegidos por la NOM-059-SEMARNAT-2010 y colinda a 25 metros con la Reserva de la Biosfera Caribe Mexicano.
  • Ari Adler Brotman fue director del Idefin hasta julio de 2025 y fue nombrado apoderado legal de Promociones Turísticas Mahahual el 27 de octubre del mismo año, tres meses después.
  • Profepa clausuró obras en Mahahual el 29 de enero de 2026 por trabajos sin autorización de impacto ambiental en zona con presencia de manglar.
  • El tribunal federal desechó el amparo de DMAS el 30 de abril de 2026 por extemporáneo, sin entrar al análisis ambiental de fondo.
  • La consulta pública de la Manifestación de Impacto Ambiental concluyó el 23 de marzo de 2026. Semarnat no ha emitido dictamen final.
  • El asesor ambiental de Royal Caribbean, Carlos Llorens Cruset, fue destituido de Semarnat durante el gobierno de Fox por permisos irregulares.
  • Existe una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra Ari Adler por no respetar el periodo de enfriamiento al pasar del gobierno a la empresa.
  • La Sedetus —gobierno estatal— impugnó los amparos ciudadanos actuando en favor de Royal Caribbean.
  • La propia Manifestación de Impacto Ambiental de la empresa declara que el proyecto busca sustituir la oferta turística fragmentada de Mahahual por un solo proyecto turístico integral.

Razonablemente inferible

  • La velocidad inusual de los permisos estatales y la participación del gobierno de Quintana Roo como defensor legal de la empresa sugieren una coordinación entre el gobierno de Mara Lezama y Royal Caribbean que va más allá del apoyo político ordinario a una inversión.
  • El historial documentado de Adler como funcionario que supervisaba proyectos en Mahahual antes de incorporarse a Royal Caribbean para desarrollar un proyecto en la misma zona configura un conflicto de interés en términos prácticos, independientemente de la resolución penal o administrativa pendiente.
  • El patrón de DMAS —actuar consistentemente contra megaproyectos impulsados por gobiernos morenistas— es consistente con la hipótesis de que sus acciones obedecen también a intereses económicos de sectores turísticos rivales, aunque esa hipótesis no está probada para el caso específico de Mahahual.
  • La disputa tiene una dimensión económica paralela a la ambiental: el modelo de turismo de cruceros masivo es incompatible con el modelo de turismo boutique y de naturaleza que opera en la zona, y ese conflicto de modelos explica en parte la intensidad del litigio.

Suposiciones no verificadas — no publicables como hechos

  • Que en el terreno de Perfect Day existía previamente un parque acuático distinto, abandonado y en ruinas. La afirmación proviene exclusivamente de Royal Caribbean como justificación de las obras clausuradas; no ha sido corroborada por ninguna fuente independiente. Lo que sí está documentado es que el predio llevaba el nombre “Destino Mahahual”, que era el nombre anterior del mismo proyecto de la empresa.
  • Que DMAS actúa en Mahahual por encargo directo de hoteles o empresas competidoras de Royal Caribbean. La investigación de Polemón que señala vínculos hoteleros de su fundadora refiere el caso del Tren Maya en 2022; no existe documento equivalente para este conflicto.
  • Que los amparos fueron desechados por presión política sobre los magistrados. El tribunal resolvió con un argumento formal de plazos; la motivación interna no está documentada.
  • Que el manglar será destruido. La empresa afirma que lo restaurará; Greenpeace documenta riesgos. El dictamen de Semarnat determinará qué es verificable.
  • Que los habitantes de Mahahual se oponen mayoritariamente al proyecto. Existen testimonios en ambos sentidos: vecinos que rechazan el proyecto y líderes empresariales locales que lo apoyan como oportunidad de desarrollo.
  • Que existe corrupción judicial. Es una inferencia de activistas, no un hecho documentado con pruebas directas.

Fuentes

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