¿A qué políticos se les ha revocado la visa de EEUU?

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Lista verificada de políticos mexicanos con visas revocadas por EU, sus partidos, quiénes lo desmienten y qué casos tienen investigación real.

Resumen

El gobierno de Estados Unidos ha revocado las visas de al menos una docena de políticos y funcionarios mexicanos cuyos casos son públicos, aunque la agencia Reuters reportó desde octubre de 2025, con base en dos funcionarios mexicanos anónimos, que la cifra real supera los 50. La gran mayoría de los casos confirmados corresponde a militantes de Morena, pero la lista incluye al menos a un priista, y alrededor de ella circula tanta desinformación como información: hay gobernadores que niegan la revocación mostrando su visa ante cámaras, desmentidos oficiales y versiones que nacieron en columnas de opinión sin confirmación del gobierno estadounidense. En esta nota separamos los casos confirmados, los reportados pero negados por los afectados, y quiénes han sido señalados falsamente.

Desarrollo de la información

Las revocaciones comenzaron a hacerse públicas en mayo de 2025, cuando la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y su entonces esposo, Carlos Torres, informaron que el Departamento de Estado les canceló sus visas de no inmigrante. A partir de ahí, los casos se acumularon durante 2025 y 2026, casi siempre con el mismo patrón: el afectado se entera al intentar cruzar la frontera o mediante un correo, y el gobierno estadounidense no explica los motivos, porque la ley de ese país trata las revocaciones como información confidencial.

Estos son los casos en que el propio afectado, su gobierno o una autoridad confirmaron públicamente la revocación:

  • Marina del Pilar Ávila (Morena) — Gobernadora de Baja California. Confirmó la cancelación en mayo de 2025 y dijo desconocer las causas.
  • Carlos Torres (exdiputado del PAN que después se sumó a Morena) — Entonces esposo de la gobernadora y encargado de proyectos estratégicos en Baja California. Sobre él existen investigaciones por presunta evasión fiscal, lavado de dinero y huachicol.
  • Héctor Astudillo (PRI) — Exgobernador de Guerrero. Fue notificado por correo el 31 de julio de 2025; él mismo lo confirmó en entrevista y negó ser delincuente. Es el caso confirmado más visible fuera de Morena.
  • Óscar Eduardo Castro (Morena) — Alcalde de Puerto Peñasco, Sonora. Fue el primer caso entre alcaldes sonorenses: le retiraron la visa el 11 de junio de 2025 al intentar cruzar por la garita de Lukeville, Arizona.
  • Juan Francisco Gim (Morena) — Alcalde de Nogales, Sonora. Le retiraron la visa el 6 de agosto de 2025 al intentar cruzar por Nogales, Arizona.
  • César Iván Sandoval (Morena) — Alcalde de San Luis Río Colorado, Sonora. Su visa fue retirada el 13 de noviembre de 2025 en la garita de San Luis, Arizona; asegura que no enfrenta ninguna investigación en México ni en el extranjero.
  • José Luis Dagnino (Morena) — Alcalde de San Felipe, Baja California. Estados Unidos le retiró la visa tras retenerlo 12 horas en la garita de Centro, California, el 2 de diciembre de 2025.
  • Araceli Brown (Morena) — Diputada federal y exalcaldesa de Playas de Rosarito, parte de la lista de funcionarios de Baja California con visa cancelada reportada por medios locales y nacionales.
  • Luis Samuel Guerrero (funcionario de Baja California) — Jefe del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes y esposo de la alcaldesa de Mexicali. La CBP le retiró la visa en 2025.
  • Alex Tonatiuh Márquez (funcionario federal, sin cargo de elección) — Exdirector general de Investigación Aduanera de la ANAM. Sobre él hay una investigación por presunto huachicol.
  • Brighite Granados (Morena) — Dirigente estatal de Morena en Chihuahua; confirmó la cancelación en junio de 2026 y la atribuye a una multa de hace diez años.

Y estos son los casos reportados por prensa pero negados por los señalados:

  • Rubén Rocha Moya (Morena) — Gobernador con licencia de Sinaloa. El periodista Steve Fisher reportó que su visa fue retirada desde 2025. Su caso es distinto a todos los demás porque escaló a un proceso penal: la Fiscalía de Nueva York lo acusó formalmente el 29 de abril de 2026, junto con otros nueve funcionarios y exfuncionarios, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
  • Alfonso Durazo (Morena) — Gobernador de Sonora. Los Angeles Times publicó el 3 de junio de 2026 que perdió su visa a raíz de una investigación penal, y fuentes del Departamento de Estado confirmaron la revocación al semanario ZETA. Durazo calificó la información de “infamia” y acusó al diario de publicar sin fuentes.
  • Américo Villarreal (Morena) — Gobernador de Tamaulipas. Señalado en el mismo reportaje, por una investigación relacionada con contrabando de combustible, según fuentes del diario. El 5 de junio ofreció una conferencia en Ciudad Victoria, mostró ante los medios una mica que aseguró corresponde a su visa y afirmó no haber recibido ninguna notificación de cancelación, revocación o restricción. El periodista Steve Fisher respondió que mantiene firme su artículo.
  • Adán Augusto López (Morena) — Senador y exsecretario de Gobernación. Este caso no está confirmado. La única fuente es la columna del periodista Raymundo Riva Palacio del 9 de junio de 2026, que asegura que el Departamento de Estado confirmó la cancelación al gobierno mexicano. El mismo día, el coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, lo desmintió y afirmó que el senador viajó a Estados Unidos la semana anterior sin contratiempos. Hasta el cierre de esta nota, ni el afectado ni autoridad alguna han confirmado la versión.

¿Quiénes han sido señalados sin estar sancionados?

La velocidad con que circulan estas listas ha producido señalamientos falsos o imprecisos que conviene aclarar:

  • Norma Bustamante (Morena) — Alcaldesa de Mexicali. Versiones iniciales la incluían, pero la Presidencia Municipal solo confirmó la cancelación de la visa de su esposo, Luis Samuel Guerrero.
  • Mario López Hernández (PVEM) — Diputado federal. Desmintió los rumores sobre una supuesta detención al intentar cruzar de Matamoros a Brownsville en septiembre de 2025.
  • Hernán Vega Burgos (magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Yucatán) — Su caso es disputado: medios reportaron en 2025 la cancelación de su visa por una presunta vinculación con una red de explotación, pero tras aparecer en la lista publicada por El País en junio de 2026, él negó la revocación y aseguró que simplemente no renovó el documento por decisión personal.
  • Jaime Eduardo Cantón Rocha — Diputado local de Baja California. Asegura que su visa no fue retirada, sino que está en proceso de renovación a petición de las autoridades estadounidenses.
  • Adán Augusto López (Morena) — Como se detalló arriba, su inclusión en la lista proviene de una columna de opinión y fue desmentida por la coordinación de Morena en el Senado.

¿Justicia contra el crimen o presión política hacia México?

Las dos cosas están documentadas y no se excluyen. Del lado de las investigaciones reales: el caso Rocha Moya ya no es una revocación silenciosa sino una acusación penal formal en una corte de Nueva York en la cual el Gobierno de México solicito pruebas que aun no han sido enviadas; sobre Carlos Torres y Alex Tonatiuh Márquez existen indagatorias documentadas por presunto huachicol; y según Los Angeles Times, las revocaciones de Durazo y Villarreal derivan de investigaciones penales en curso.

Del lado de la presión política, la evidencia tampoco es especulación: tres exembajadores de Estados Unidos dijeron a Reuters que administraciones anteriores revocaron visas, pero nunca en esta escala, lo que a su juicio refleja la disposición de Donald Trump a usar esta herramienta diplomática para lograr objetivos políticos. El exembajador Earl Anthony Wayne lo resumió así: la administración Trump está encontrando nuevas maneras de ejercer presión sobre México. Según los periodistas del LA Times, cuando el secretario de Seguridad Interna, Markwayne Mullin, se reunió con la presidenta Sheinbaum en mayo, le dijo que Washington esperaba que México enviara a Rocha Moya a Estados Unidos; Sheinbaum respondió que el destino del gobernador se decidirá en México y advirtió que más acusaciones contra líderes electos serían consideradas interferencia política.

También hay al menos un caso donde el motivo fue abiertamente político y no criminal: el subsecretario de Estado Christopher Landau ordenó cancelar la visa de la consejera estatal de Morena en Jalisco, Melissa Cornejo, tras calificar de “vulgar posteo” un mensaje suyo en apoyo a las protestas de migrantes.

Sobre la concentración partidista: la propia fuente de Reuters —un político mexicano de alto nivel— dijo que las revocaciones alcanzan a más de 50 políticos de Morena y a decenas de funcionarios de otras bancadas. Es decir, ni siquiera el reporte que originó la cifra sostiene que sea exclusivamente contra Morena, aunque la mayoría de los casos públicos sí lo son. Hay que considerar además que Morena gobierna la mayoría de los estados y el gobierno federal: una concentración de casos en el partido oficial no prueba, por sí sola, una motivación política.

Señales que generan dudas

La principal es la opacidad estructural: Estados Unidos no confirma ni explica las revocaciones, así que la lista pública depende de quién decide hablar. Casi todos los afectados evitan el tema porque la revocación puede interpretarse como señal de que están bajo investigación, lo que sugiere que los casos conocidos son una fracción del total y que el sesgo partidista de la lista pública podría no reflejar el de la lista real.

La segunda es la contradicción frontal entre versiones: el Departamento de Estado confirmó a ZETA las revocaciones de Durazo y Villarreal, mientras Villarreal exhibe una mica ante cámaras. Ambas cosas no pueden ser ciertas al mismo tiempo, y ninguna de las dos partes ha mostrado evidencia verificable de manera independiente.

La tercera es el origen de varias “confirmaciones”: el caso de Adán Augusto nació en una columna de opinión y fue replicado por decenas de medios como hecho consumado en cuestión de horas, sin que existiera confirmación oficial ni declaración del afectado. Es el mismo patrón de amplificación de fuente única que ha alimentado la confusión en este tema.

Finalmente, las posturas oficiales tampoco ayudan a despejar el panorama: la presidenta Sheinbaum sostiene que no tiene información porque Estados Unidos trata las revocaciones como datos personales, mientras que el embajador Esteban Moctezuma afirmó que el retiro de visas es un tema de prensa que no está en la mesa de los interlocutores de ambos países — declaración difícil de conciliar con la confirmación de cargos penales contra un gobernador.

Verificación de la información

Verificado:

  • Las revocaciones confirmadas públicamente por los propios afectados: Marina del Pilar Ávila, Carlos Torres, Héctor Astudillo, Óscar Castro, Juan Francisco Gim, César Iván Sandoval, José Luis Dagnino, Luis Samuel Guerrero, Alex Tonatiuh Márquez, Araceli Brown y Brighite Granados.
  • La acusación penal formal contra Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios en Nueva York (abril de 2026).
  • El reporte de Reuters sobre al menos 50 visas revocadas, atribuido a dos fuentes mexicanas anónimas.
  • Los desmentidos de Villarreal (con exhibición del documento), de la vocería de Sonora respecto a Durazo, y de Ignacio Mier respecto a Adán Augusto.
  • La cancelación ordenada por Landau contra la consejera Melissa Cornejo por un mensaje en redes.

Razonablemente inferible:

  • Que la lista real de revocaciones es mayor que la pública, dado el incentivo de los afectados a callar y la cifra de Reuters.
  • Que el uso de la herramienta a esta escala tiene un componente de presión diplomática, con base en el juicio coincidente de tres exembajadores estadounidenses y el caso explícitamente político de Cornejo.
  • Que en varios casos (Rocha Moya, Torres, Tonatiuh Márquez y, según LA Times, Durazo y Villarreal) las revocaciones están ligadas a investigaciones reales y no solo a presión política.

Suposiciones no verificadas:

  • La revocación de la visa de Adán Augusto López: proviene de una sola columna de opinión y está desmentida por la coordinación de Morena en el Senado.
  • La revocación efectiva de las visas de Durazo y Villarreal: confirmada por fuentes anónimas del Departamento de Estado a dos medios, pero negada por ambos gobernadores, uno de ellos con el documento en mano.
  • Que las revocaciones afecten exclusivamente a Morena: los casos públicos lo sugieren, pero el propio reporte de Reuters menciona a funcionarios de otras bancadas y el caso de Astudillo (PRI) lo contradice.
  • Los motivos específicos de la mayoría de las revocaciones: Estados Unidos no los ha hecho públicos en ningún caso individual, salvo el de Cornejo.

Fuentes

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