TV Azteca, acusada en EU de ocultar activos a acreedores

Por /

Acreedores en EU acusan a TV Azteca de esconder activos para no pagar 600 mdd, mientras Salinas Pliego paga al SAT y perfila candidatura presidencial.

Resumen

Los acreedores de TV Azteca en Estados Unidos pidieron a la corte del distrito sur de Nueva York autorización para modificar y ampliar su demanda contra la televisora, a la que acusan de ocultar los activos con los que debería responder por una deuda que supera los 600 millones de dólares. No es el primer episodio: en 2025, Ricardo Salinas Pliego ya había tenido que depositar una fianza de 25 millones de dólares para evitar su arresto en Nueva York por el litigio con AT&T, mientras en México su grupo paga en mensualidades un adeudo fiscal histórico y él perfila una candidatura presidencial para 2030.

Desarrollo de la información

El conflicto con los bonistas nació de una emisión de bonos por 400 millones de dólares que TV Azteca colocó en 2017 y que dejó de pagar en 2020, alegando presiones financieras derivadas de la pandemia. Los títulos vencieron el 9 de agosto de 2024 y, con intereses acumulados, el adeudo rebasa ya los 600 millones de dólares.

Este 10 de junio, La Jornada reveló una carta fechada el 8 de junio en la que los acreedores, encabezados por The Bank of New York Mellon, solicitan a los jueces Paul G. Gardephe y Barbara Moses incorporar nuevas acusaciones al litigio. Según el documento, la televisora ejecutó un “plan concertado para sacar sus activos más valiosos del alcance de los acreedores”.

Dos señalamientos concentran la ampliación. El primero: TV Azteca creó una subsidiaria llamada TVA III, fuera del grupo de empresas que garantizaban los bonos, y la dotó de más activos netos que todas las demás subsidiarias combinadas, incluida la concesión de radiodifusión, posiblemente el activo más valioso de la compañía. El segundo: la televisora obtuvo un préstamo de 290 millones de dólares de AlterBank, una entidad de Santa Lucía que los acreedores vinculan con “actividades delictivas” sin precisar cuáles, y en los documentos de su concurso mercantil en México la propia empresa admitió que era insolvente cuando contrató ese crédito. Los bonistas piden que la corte resuelva en 45 días, ante la cercanía de una resolución del concurso en México, proceso que TV Azteca solicitó voluntariamente y anunció el 26 de febrero de 2026; en marzo, una jueza confirmó su inicio formal, aclarando que la protección no se extiende a filiales como Mazatlán FC o Ganador Azteca.

El precedente que conviene no perder de vista ocurrió meses antes y en la misma ciudad. AT&T compró en 2014 el negocio de telecomunicaciones de Salinas en México y demandó en 2020, alegando que se le debía dinero por impuestos impagos que databan de la propiedad anterior; las empresas del mexicano impugnaron el reclamo, lo perdieron y fueron declaradas en desacato. Ante la persistente falta de pago, la jueza Andrea Masley, de la Corte Suprema del estado de Nueva York, declaró en desacato al propio Salinas Pliego y le ordenó pagar 20 millones de dólares a AT&T en dos semanas o ser encarcelado; la orden incluía también a Francisco Borrego, director jurídico de sus empresas. “Encarcelamiento en Rikers. No es un lugar agradable”, advirtió la jueza en una audiencia de junio de 2025. Antes de que venciera el plazo, Salinas y sus empresas depositaron una fianza conjunta de 25 millones de dólares y apelaron la sentencia. Hasta la publicación de este texto no existe información pública sobre una resolución definitiva de esa apelación.

¿Qué dicen las fuentes?

Los documentos judiciales obtenidos por La Jornada muestran que la desconfianza de los bonistas no es nueva. Desde marzo, advirtieron que la negativa de la empresa a entregar estados financieros e información básica sugería que el concurso mercantil podría ser una táctica para retrasar el pago, y pidieron revisar transferencias entre TV Azteca y Grupo Salinas. En esa misma etapa solicitaron que Grupo Salinas y Salinas Pliego fueran considerados corresponsables de la deuda, bajo el argumento de que la televisora opera como “alter ego” del corporativo, figura que en derecho estadounidense permite levantar el velo corporativo. La defensa del empresario respondió por otra vía: presentó una contrademanda contra los fondos acreedores —entre ellos Cyrus Capital y Contrarian Capital— por 400 millones de dólares, alegando una supuesta “campaña negra”; de no haber acuerdo, el juicio podría celebrarse a finales de 2026.

Sobre el caso AT&T, la información proviene del reportaje de Bloomberg firmado por Marcelo Rochabrun y de los oficios judiciales que circularon después. Proceso añadió un dato relevante sobre el origen del cobro: AT&T negoció con las autoridades tributarias mexicanas y en 2019 acordó pagar 274 millones de pesos de un crédito fiscal que el SAT pretendía cobrar en 7 mil millones; acto seguido, presentó la factura a Grupo Salinas.

En el frente fiscal mexicano, las cifras provienen de la Secretaría de Hacienda y del SAT. El SAT determinó adeudos de ISR de los ejercicios 2008 a 2013 y exigió, con enero de 2026 como fecha límite, un pago de 51 mil millones de pesos, después de que la Suprema Corte desechó en noviembre de 2025 los recursos del grupo. El acuerdo final fijó el monto en 32 mil 132 millones 897 mil 658 pesos, un descuento de 37% sobre el adeudo original, con un primer pago de alrededor de 10 mil 400 millones el 29 de enero de 2026. Al 25 de mayo, Hacienda confirmó pagos acumulados por 13 mil 979.9 millones de pesos, equivalentes a 43.5% del monto acordado, con parcialidades hasta julio de 2027. La parte de TV Azteca quedó liquidada en su totalidad, según explicó la presidenta Claudia Sheinbaum el 4 de marzo; lo que se paga en mensualidades es la deuda de Grupo Elektra.

Grupo Salinas, por su parte, sostuvo en enero que cerraba el capítulo fiscal: “A partir de ahora, no debemos nada al gobierno”, afirmó en su comunicado, en el que insistió en su desacuerdo con los cobros y habló de una campaña sistemática en su contra.

¿Cuánto pesan estas deudas frente a su fortuna?

Para dimensionar los montos: el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo, tuvo un costo de construcción reportado de 1,500 millones de dólares. La deuda de TV Azteca en Nueva York —más de 600 millones de dólares— equivale al 40% de ese rascacielos. El adeudo fiscal original de 51 mil millones de pesos, al tipo de cambio actual, ronda los 2,750 millones de dólares: con ese dinero se habría podido construir el Burj Khalifa casi dos veces.

Frente al patrimonio personal del empresario, los números también pesan. Su fortuna, estimada en unos 13 mil 400 millones de dólares en 2024, descendió a aproximadamente 3 mil 700 millones para marzo de 2026, aunque sigue figurando entre las personas más ricas de México en rankings internacionales como el de Forbes. Con esa referencia, la deuda en Nueva York representa alrededor del 16% de su patrimonio actual. No se trata de una quiebra: el concurso mercantil es un proceso de reestructura que permite a la empresa seguir operando. Pero hay un dato duro que matiza cualquier narrativa de solidez: la propia televisora admitió en documentos del concurso que era insolvente cuando tomó el préstamo de AlterBank, y no publica información financiera desde el cuarto trimestre de 2022, gracias a un amparo judicial que la eximió de hacerlo. Si TV Azteca opera o no en números rojos es, hoy, imposible de verificar de manera independiente.

Señales que generan dudas

La primera señal es un patrón que ya no depende de una sola contraparte: en tres litigios distintos —los bonistas en Nueva York, AT&T en la misma ciudad y el SAT en México—, quienes han enfrentado a las empresas de Salinas Pliego describen una conducta similar: no pagar lo determinado y litigar hasta el límite. En el caso AT&T, ese límite fue una orden de arresto que solo se frenó con una fianza; en el caso fiscal, fueron casi dos décadas de recursos legales que terminaron cuando la Suprema Corte desechó los últimos amparos en noviembre de 2025. Que los adeudos de ISR correspondan a ejercicios de 2008 a 2013 y se hayan empezado a pagar hasta 2026 es un hecho que obliga a preguntar cómo operaron durante tres sexenios los mecanismos de cobro del Estado mexicano; lo que no está documentado es que algún gobierno haya otorgado protección deliberada, y este medio no lo afirma.

La segunda señal es discursiva: en enero, Grupo Salinas proclamó que ya no debía nada al gobierno, cuando el calendario de Hacienda muestra pagos pendientes hasta julio de 2027 y un avance de 43.5%. La tercera es procesal: los acreedores documentaron que la televisora primero negó ante la corte de Nueva York que se hubiera presentado el concurso mercantil y después lo aceptó sin mayores detalles. La cuarta es estructural: una empresa que se dice viable obtuvo protección judicial para no publicar sus finanzas durante más de tres años, mientras creaba una subsidiaria que concentra sus activos más valiosos fuera de las garantías pactadas, según la acusación presentada en Nueva York.

A esto se suma la dimensión política. El 27 de febrero de 2026 —un día después de anunciarse el concurso mercantil de su televisora— Salinas Pliego declaró que evalúa competir en las elecciones legislativas de 2027, con partido propio o mediante una fuerza existente, y buscar la presidencia en 2030. Antes, en enero, dijo al Financial Times: “Si no hay alternativa para mí, lo haré”. Es legítimo —y necesario— preguntar cómo procesaría sus propios litigios un eventual jefe del Estado al que hoy paga en mensualidades, y que en Estados Unidos ya estuvo a una fianza de distancia de un arresto. Esa pregunta es un hecho del debate público; las respuestas sobre sus intenciones no están documentadas y este medio no las presume.

Verificación de la información

Verificado: la solicitud de los acreedores para ampliar la demanda y sus acusaciones (carta del 8 de junio, vía La Jornada); los bonos por 400 mdd de 2017, el impago desde 2020 y el adeudo superior a 600 mdd vencido en agosto de 2024; la creación de TVA III y el préstamo de AlterBank como señalamientos del expediente; la admisión de insolvencia en documentos del concurso; el caso AT&T: demanda de 2020, desacato corporativo y personal, orden de pago de 20 mdd bajo amenaza de cárcel, inclusión de Francisco Borrego, fianza de 25 mdd y apelación (Bloomberg, septiembre de 2025); el adeudo fiscal de 51 mmdp por ISR 2008-2013, el acuerdo por 32,132.9 mdp con descuento de 37%, el avance de pago de 43.5% al 25 de mayo y el plazo hasta julio de 2027; las declaraciones públicas sobre 2027 y 2030; la caída de su fortuna estimada; el costo reportado del Burj Khalifa.

Razonablemente inferible: que los litigios en ambos países condicionan el arranque de su proyecto político; que una resolución adversa en Nueva York podría alcanzar a Grupo Salinas y a Salinas Pliego personalmente si la corte acepta la teoría del alter ego (escenario condicional, no resuelto); que el patrón de conducta descrito por tres contrapartes distintas en litigios independientes constituye información de interés público sobre el manejo de sus empresas.

Suposiciones no verificadas: que el concurso mercantil sea una táctica deliberada para no pagar (acusación de parte, no probada judicialmente); que TV Azteca opere en números rojos (no hay estados financieros públicos desde 2022); que algún gobierno mexicano haya otorgado inmunidad o protección deliberada al empresario durante los años en que sus adeudos no se cobraron (no existe documento que lo acredite); cualquier atribución de motivaciones a su aspiración presidencial — no se publica como hecho ni como inferencia.

Fuentes

Post Views: 13

Dejar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

México Política Tecnología Salud Internacional Opinión Verificador Analytiks
Scroll al inicio