Coahuila, donde convergen las rutas del huachicol.

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El huachicol de la red Ingemar llegaba a Coahuila por tren y terminaba en gasolineras. FGR identificó 11 empresas y 2 mil 137 millones de litros.

Resumen

El combustible ilegal decomisado en Coahuila en julio de 2025 no llegó de cualquier parte: entró al país por la Aduana de Matamoros, en Tamaulipas, cuyos titulares eran tres mandos del Ejército que hoy están prófugos. Los 129 carrotanques asegurados en Ramos Arizpe y Saltillo son el origen de la investigación que llevó al exgobernador Ernesto Ruffo Appel al penal del Altiplano, y también el punto donde se cruzan dos expedientes federales distintos. La Fiscalía General de la República identificó once empresas en la red, cuatro de ellas registradas como destinatarias finales del producto, y rastreó el hilo fiscal hasta una cadena de gasolineras con estaciones en Coahuila, Durango, Zacatecas y Chihuahua. Coahuila no fue el final de la ruta: según la propia Fiscalía, fue donde la vía ferroviaria se enganchó con rutas marítimas y terrestres que ya estaban operando.

Desarrollo de la información

En julio de 2025, fuerzas federales aseguraron 33 carrotanques con 3 millones 960 mil litros de hidrocarburo en Ramos Arizpe y 96 carrotanques con 11 millones 520 mil litros en Saltillo. El total, 129 unidades y 15 millones 480 mil litros, se convirtió en el mayor decomiso de combustible de la administración federal actual. Ninguna de las unidades tenía documentación suficiente para acreditar el traslado legal ni el origen lícito del producto.

El operativo reunió a la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, Protección Civil, Pemex y la Agencia Nacional de Aduanas. Varios de los carrotanques localizados en Ramos Arizpe llevaban el sello de Lambrucar, empresa con sede en Houston, Texas, y sucursales en Monterrey, San Luis Potosí y Querétaro. Lambrucar figura hoy entre las once empresas que la Fiscalía integró al conglomerado criminal.

De ahí arrancó todo lo demás. El rastreo documental estableció que el combustible había entrado por pedimentos falsificados y que la principal puerta de ingreso de esa red ferroviaria era la Aduana de Matamoros. Esa misma aduana es el centro de un segundo expediente: el 6 de julio de 2026 la Fiscalía obtuvo órdenes de aprehensión contra los tenientes coroneles Armando Barrera Trujillo y Blas Pedro Sarabia García, titulares del recinto entre 2024 y 2026, y contra el teniente de Policía Militar Jorge García García, exsubdirector de Operación Aduanera. Los tres siguen prófugos. Se les atribuye el ingreso de 144 millones 508 mil 856 litros declarados como solución de cloruro de calcio.

Hay además un nombre que aparece en ambas indagatorias. El agente aduanal Víctor José Carretero Zardeneta, junto con Alexis Aarón Camacho Flores, declaró el 20 de octubre de 2023 en la Aduana de Matamoros dos embarques como aceite lubricante cuando uno correspondía a gasolina y el otro a diésel. Esa fecha coloca la operación al menos año y medio antes del periodo sobre el que la Fiscalía calculó el daño al erario.

Una vez dentro del país, el hidrocarburo viajaba por riel hasta puntos de descarga conocidos como espuelas ferroviarias. Ahí se trasvasaba a pipas y tractocamiones sin permisos de la autoridad energética, y salía a distribución en Coahuila, Durango y Zacatecas. La Fiscalía aseguró una espuela ferroviaria que ubica únicamente como “Coahuila de Zaragoza”, sin precisar municipio.

¿Qué dicen las fuentes?

De acuerdo con la causa penal a la que tuvo acceso EL UNIVERSAL, las once empresas identificadas son Ingemar, Servicios Portuarios, Dragados y Puertos, Internacional de Fundentes, Logística Ferroviaria Fargo, Servicios Integrales y Desarrollos G.M.G., Crismon Hidrocarburos y Derivados, Descargas Ferroviarias del Norte, Lambrucar, Mapror de Hidrocarburos y Servicios Aduanales JR.

Cuatro fueron registradas como destinatarias finales en cartas porte, guías de embarque y pedimentos de importación: Internacional de Fundentes, Logística Ferroviaria Fargo, Servicios Integrales y Desarrollos G.M.G. y Crismon Hidrocarburos y Derivados. El expediente sostiene que estas empresas simularon actos comerciales para aparentar que la cesión de propiedad del combustible y su distribución eran lícitas.

La Fiscalía asienta que cinco de ellas —Internacional de Fundentes, Logística Ferroviaria Fargo, Servicios Integrales y Desarrollos G.M.G., Crismon Hidrocarburos y Derivados y Descargas Ferroviarias del Norte— carecen de permisos vigentes de la Secretaría de Energía y de la Comisión Nacional de Energía tanto para distribuir, comercializar o expender petrolíferos como para importarlos o exportarlos.

El eslabón que llega al consumidor. Según el documento, Crismon Hidrocarburos y Derivados emitió 130 comprobantes fiscales digitales a favor de Gasolinera Faza por 89 millones 102 mil 899 pesos durante el ejercicio fiscal 2025. La Fiscalía subraya que esa empresa tiene una investigación penal abierta y que sus accionistas están vinculados a proceso por operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal y el delito previsto en el artículo 111 Bis del Código Fiscal de la Federación, que castiga la alteración de controles volumétricos. Reportes periodísticos ubican al grupo con 33 estaciones de servicio: 16 en Coahuila, 10 en Durango, seis en Chihuahua y una en Zacatecas.

El volumen que no se anunció. El expediente señala que Ingemar tenía permiso para importar 216 millones de litros de gasolina regular y 173 millones 280 mil litros de diésel. Entre el 1 de enero y el 26 de diciembre de 2025 importó 760 millones 367 mil 578 litros de gasolina regular y mil 766 millones 708 mil 953 litros de diésel. El excedente asciende a 2 mil 137 millones 455 mil 156 litros de petrolífero no declarado.

El papel de Coahuila según la Fiscalía. La FEMDO estableció que los eslabones de la cadena —importación, transporte, almacenamiento y dispersión financiera— operaban de forma aparentemente independiente pero pertenecían a una misma estructura criminal, y que Coahuila, Durango y Zacatecas “conectaban las operaciones ferroviarias con rutas marítimas y terrestres ya activas”. Las líneas de investigación abiertas alcanzan a más de 70 personas físicas y morales en nueve entidades.

¿Por qué Coahuila quedó en el centro?

Porque no fue una escala. Fue el punto donde tres rutas distintas encontraron el mismo mercado.

La lectura común del caso es que el combustible entraba por Tamaulipas y terminaba en Coahuila. La descripción de la propia Fiscalía es otra: en Coahuila, Durango y Zacatecas la vía ferroviaria se conectó con rutas marítimas y terrestres que ya estaban funcionando. Eso convierte a la región en un mercado de absorción, no en un destino final. Un mercado capaz de recibir volúmenes que llegaron por tren, por carretera y por barco sin que el precio se desplomara ni el abasto se saturara.

De ahí se desprende quién resulta afectado. No es únicamente la hacienda pública. Es cada gasolinera de la región que sí paga el impuesto especial y el IVA y que compite contra estaciones abastecidas con producto que entró sin pagarlos. La diferencia ronda los siete pesos por litro, un margen que ninguna estación en regla puede absorber.

Hay un riesgo del que casi no se habla. El expediente indica que las empresas que descargaban y repartían no tenían permisos energéticos. Los trasvases de hidrocarburo en espuelas ferroviarias sin autorización ocurren fuera de todo protocolo de seguridad industrial, en el corredor Saltillo–Ramos Arizpe–Monclova, donde esas instalaciones colindan con zonas habitadas. La conversación pública se ha concentrado en los impuestos evadidos; la de seguridad no ha empezado.

Queda por último una pregunta de responsabilidad territorial. La Aduana de Piedras Negras tiene jurisdicción sobre Frontera, Monclova, Castaños, Ramos Arizpe, Saltillo, Sabinas y Zaragoza, entre otros municipios, además de los puentes internacionales y el puente ferroviario del norte del estado. Es la autoridad aduanera competente sobre el corredor donde terminó el combustible. Y es, a la vez, una de las tres aduanas donde la Fiscalía investiga una red de contrabando que habría operado desde 2021 con mandos del Ejército señalados.

Verificación de la información

Verificado

  • El aseguramiento de 33 carrotanques en Ramos Arizpe y 96 en Saltillo en julio de 2025, con un total reportado de 15 millones 480 mil litros.
  • Que la Aduana de Matamoros fue la principal vía de ingreso de la red ferroviaria cuyo combustible se decomisó en Coahuila.
  • Las órdenes de aprehensión contra los tenientes coroneles Barrera Trujillo y Sarabia García y el teniente García García, y su condición de prófugos.
  • El pedimento del 20 de octubre de 2023 atribuido al agente aduanal Carretero Zardeneta en la Aduana de Matamoros.
  • La lista de las once empresas y la identificación de las cuatro destinatarias finales.
  • Los 130 comprobantes fiscales de Crismon a favor de Gasolinera Faza por 89 millones 102 mil 899 pesos en 2025.
  • El proceso penal contra accionistas de Gasolinera Faza.
  • Las cifras de permiso, importación y excedente de Ingemar.
  • La ausencia de permisos energéticos en cinco de las empresas señaladas.
  • La jurisdicción territorial de la Aduana de Piedras Negras sobre el corredor Frontera–Monclova–Saltillo.

Razonablemente inferible

  • Que la operación requirió infraestructura ferroviaria de descarga con acceso y permanencia prolongada, difícil de sostener sin conocimiento del entorno inmediato.
  • Que el diferencial fiscal de alrededor de siete pesos por litro se trasladó a una ventaja de precio en el punto de venta.
  • Que la red operaba desde antes de enero de 2025, con base en el pedimento de octubre de 2023.

Suposiciones no verificadas

  • Que carrotanques de esta red operaron en el patio ferroviario de Ciudad Frontera.
  • Que las 33 estaciones del grupo gasolinero expendieron combustible de origen ilícito. Lo documentado es la relación fiscal entre Crismon y la empresa, no el origen del producto de cada estación.
  • Que exista vínculo operativo entre el expediente de Ingemar y la investigación sobre la Aduana de Piedras Negras. Son carpetas distintas.
  • Que los mandos militares de la Aduana de Matamoros y los operadores de Ingemar tuvieran contacto directo. Lo documentado es la coincidencia de la aduana y del agente aduanal.
  • El destino final de los 2 mil 137 millones de litros excedidos.

Fuentes

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