El debate sobre regular medios para frenar la desinformación en México enfrenta un problema de fondo que pocos discuten.
Resumen
La discusión sobre regular a los medios de comunicación para frenar las noticias falsas reaparece cada vez que un medio consolidado difunde un dato erróneo, ofrece una disculpa tardía y deja el daño reputacional ya hecho. México figura de forma recurrente entre los países con mayor exposición y circulación de desinformación, lo que alimenta las propuestas de intervención estatal. Pero el debate suele quedarse en la superficie —regular sí o no— y esquiva la pregunta incómoda: en un país donde la oposición carece de un proyecto alternativo articulado, la desinformación no solo desinforma, también funciona como sustituto de la crítica política que no existe.
Desarrollo de la información
El planteamiento de regular los contenidos periodísticos para combatir las fake news no es nuevo en México, pero gana fuerza cada vez que un medio de alcance nacional publica información falsa o no verificada que después debe rectificar. El patrón se repite: una afirmación circula durante horas o días, genera reacciones en cadena y, cuando llega la corrección, el contenido original ya alcanzó a una audiencia mucho mayor que la que verá el desmentido.
Quienes defienden algún grado de regulación sostienen que este ciclo vulnera el derecho de las audiencias a recibir información veraz, un derecho reconocido en la legislación mexicana. Quienes lo rechazan advierten que otorgar al Estado la facultad de determinar qué es verdadero y qué es falso abre la puerta a que el poder político use ese criterio contra la prensa crítica.
El trasfondo que rara vez entra en la conversación es histórico. La relación entre el poder y los medios mexicanos ha estado marcada durante décadas por el dinero público. Esa dependencia económica moldeó líneas editoriales mucho antes de que “fake news” fuera un término de uso común, y es la razón por la que hoy el debate sobre regulación no puede separarse de la pregunta sobre quién financia a quién.
¿Qué dicen las fuentes?
Los datos sobre el peso económico del Estado en los medios son documentados y provienen de fuentes oficiales. Según cifras del INAI, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018) el gobierno federal destinó 53,344 millones de pesos en publicidad oficial a 4,020 medios y periodistas. Cinco empresas —Televisa, TV Azteca, El Universal, Excélsior e Imagen Televisión— concentraron 17,950 millones, el 34% del gasto total. La organización Fundar documentó que ese gasto rebasó en más de 23,000 millones lo aprobado inicialmente por el Congreso, lo que indica asignación discrecional.
Sobre la posición de México en materia de desinformación, las cifras que suelen citarse deben leerse con precisión. Un estudio de la Universidad del Valle de México de 2020 ubicó al país como segundo productor de noticias falsas sobre COVID-19, solo detrás de Turquía, con base en una muestra de alrededor de 1,500 encuestados. Una encuesta de la Universidad de Navarra de 2022 colocó a México en segundo lugar de consumo de información falsa o engañosa —no de producción—, empatado con Perú (87%) y detrás de Filipinas. No existe un ranking global vigente que sostenga la afirmación de que México “encabeza” la lista, aunque su presencia recurrente en los primeros lugares de estos estudios es real.
¿Cuál es el verdadero problema de fondo?
El argumento a favor de regular parte de una constatación válida: dejar a los medios en libertad no garantizó información veraz. La historia reciente mostró que, sin contrapesos económicos independientes, buena parte de la prensa consolidada ajustó su cobertura a los intereses de quien pagaba la publicidad oficial. Cuando ese flujo de recursos se redujo drásticamente después de 2018, una porción de esos medios pasó de la complacencia a la confrontación abierta con el gobierno que les retiró el financiamiento.
El problema estructural que casi nadie nombra es otro. La desinformación prospera con más fuerza cuando no hay una alternativa política que ofrezca un contraste sustantivo. En un escenario donde la oposición no ha construido un proyecto de nación articulado, la crítica al gobierno tiende a expresarse como denuncia fragmentada, muchas veces sin sustento verificable, en lugar de como propuesta. Ese vacío tiene un efecto paradójico: cada acusación infundada que se desmonta termina reforzando al gobierno en turno, porque confirma la narrativa de que sus adversarios carecen de argumentos sólidos. La desinformación opositora, lejos de debilitar al poder, lo fortalece.
Señales que generan dudas
Ninguna de las posturas en el debate está libre de intereses. Los medios que hoy invocan la libertad de prensa para rechazar cualquier regulación son, en varios casos, los mismos que durante años se beneficiaron del gasto público sin transparentar cómo condicionaba su cobertura. Y el gobierno que denuncia la desinformación de esos medios conserva herramientas —publicidad oficial, comunicación institucional masiva, retórica de confrontación desde la conferencia matutina— que también moldean la conversación pública a su favor.
La conversación pública sobre este tema tiende a presentarse como una disyuntiva simple —regular o no regular, gobierno contra prensa— cuando los datos muestran un cruce de intereses en el que ningún actor ocupa el lugar del defensor desinteresado de las audiencias.
Verificación de la información
Verificado:
- El gasto de 53,344 mdp en publicidad oficial durante el sexenio de Peña Nieto y la concentración del 34% en cinco medios (fuente: INAI, vía Forbes/Vanguardia; Fundar sobre el sobreejercicio).
- La continuidad de la asignación discrecional en 2021, con Televisa, La Jornada y TV Azteca como principales receptores (fuente: Article 19).
- El estudio UVM 2020 (segundo lugar en producción de fake news sobre COVID) y la encuesta Universidad de Navarra 2022 (segundo lugar en consumo).
Razonablemente inferible:
- Que la dependencia de la publicidad oficial condicionó líneas editoriales: es una inferencia sólida y documentada por organizaciones de transparencia, aunque la relación directa dinero-cobertura no se prueba caso por caso en fuentes oficiales.
- Que la reducción del gasto oficial tras 2018 influyó en el giro editorial de algunos medios hacia la confrontación: es lógicamente consistente y observable, pero no cuantificado en un estudio específico.
Suposiciones no verificadas:
- Que la desinformación opositora “fortalece” al gobierno: es una interpretación analítica razonada, no un hecho medido. Se presenta como tesis del análisis, no como dato.
- La motivación interna de cada medio al cambiar su línea editorial no está documentada y no se atribuye a intenciones específicas.
Fuentes
- Forbes México — Estos son los medios que más recibieron dinero por publicidad del gobierno (7 de junio de 2019): https://forbes.com.mx/estos-son-los-medios-que-mas-recibieron-dinero-por-publicidad-del-gobierno/
- Vanguardia — ¿Cuáles son los medios que más recibieron dinero por publicidad del gobierno de Peña Nieto? (2 de julio de 2020): https://vanguardia.com.mx/noticias/nacional/cuales-son-los-medios-que-mas-recibieron-dinero-por-publicidad-del-gobierno-de-pena-nieto-MSVG3463942
- Fundar — Cada año se gasta más en Publicidad Oficial y no sabemos por qué (5 de septiembre de 2018): https://fundar.org.mx/cada-ano-se-gasta-mas-en-publicidad-oficial-y-no-sabemos-por-que/
- Article 19 — En la primera mitad del sexenio persisten las malas prácticas en publicidad oficial (16 de agosto de 2022): https://articulo19.org/publicidad-oficial-2021/
- Infobae — México, segundo productor de noticias falsas en el mundo (10 de abril de 2020): https://www.infobae.com/america/mexico/2020/04/10/la-segunda-pandemia-a-combatir-mexico-segundo-productor-de-noticias-falsas-en-el-mundo-senala-investigador-de-la-unam/
- Statista / Universidad de Navarra — Consumo de noticias falsas por país 2022: https://es.statista.com/estadisticas/1347015/consumo-de-noticias-falsas-o-enganosas-en-el-mundo-por-pais/