Maru Campos desaíra al Senado y se complica el caso CIA

La gobernadora de Chihuahua rechazó comparecer ante el Senado por el caso de agentes de la CIA. Renunció el fiscal y el Senado perfila juicio político en su contra.

Caso CIA en Chihuahua: renuncia el fiscal, Maru Campos desaíra al Senado y se abre ruta a juicio político

Resumen

La crisis política por la presencia de agentes de la CIA en un operativo antinarcóticos en Chihuahua se profundizó durante la última semana. El fiscal estatal César Jáuregui presentó su renuncia irrevocable el 27 de abril tras reconocer omisiones institucionales. La gobernadora María Eugenia Campos rechazó comparecer ante el Senado el 28 de abril con el argumento de proteger investigaciones en curso. Y en el pleno del Senado, las comisiones de Puntos Constitucionales y Seguridad Pública advirtieron que los hechos podrían configurar el delito de traición a la patria, con una pena de hasta 40 años de prisión. La FGR ya tiene abiertas dos carpetas de investigación: una por el narcolaboratorio y otra por posibles delitos contra la seguridad nacional.

Desarrollo de la información

El caso estalló el 19 de abril cuando un vehículo que formaba parte de un convoy oficial cayó a un barranco en la Sierra Tarahumara, entre los municipios de Morelos y Guachochi, Chihuahua. En el accidente murieron cuatro personas: Pedro Oseguera Cervantes, director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI); su escolta, Manuel Méndez; y dos ciudadanos estadounidenses que, según fuentes confirmadas por medios como el Washington Post, eran agentes de la CIA.

El convoy regresaba de un operativo que entre el 16 y el 19 de abril desmanteló un narcolaboratorio de metanfetaminas en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos. La instalación ocupaba más de 850 metros cuadrados con infraestructura industrial: hornos, condensadores, tambos de mil litros y cilindros de gas.

La Unidad Especializada creada por la Fiscalía de Chihuahua, encabezada por Wendy Paola Chávez Villanueva, reveló que cuatro agentes de la CIA viajaban en el convoy desde el inicio del operativo, vestidos de civil, sin armas ni insignias, transportados en los vehículos del director de la AEI. Su presencia no fue reportada a los mandos superiores de la Fiscalía. El único que conocía su identidad era Oseguera Cervantes, quien falleció en el accidente.

Esta versión contradijo directamente lo declarado previamente por el entonces fiscal César Jáuregui, quien afirmó que los estadounidenses se habían encontrado casualmente con el convoy y solicitaron ser trasladados.

El 27 de abril, Jáuregui presentó su renuncia irrevocable. Reconoció que hubo omisiones en la información y la gestión institucional que vulneraron los mecanismos de control bajo su responsabilidad. Sin embargo, en su conferencia de prensa lamentó que la situación hubiera eclipsado lo que calificó como un logro contra el crimen organizado.

Al día siguiente, la gobernadora Campos rechazó la invitación del Senado para comparecer. En un oficio dirigido a la secretaria de la Mesa Directiva, argumentó que acudir podría comprometer información confidencial y clasificada de las investigaciones en curso. En declaraciones a Radio Fórmula dijo: “No vamos a asistir al Senado porque no es obligatorio. Nosotros le rendimos cuentas a nuestra gente y no al Senado.”

El Senado procedió sin ella. Las comisiones de Puntos Constitucionales y Seguridad Pública presentaron un informe ante el pleno en el que advierten que la incursión de agentes extranjeros en operativos sin autorización federal podría constituir violaciones a la Constitución, a la Ley de Seguridad Nacional y, potencialmente, el delito de traición a la patria previsto en el artículo 123 del Código Penal Federal.

¿Qué dicen las fuentes?

Gobierno federal. La presidenta Claudia Sheinbaum ha sostenido desde el 23 de abril que la participación de agentes extranjeros en operativos de seguridad sin autorización federal viola la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional. El 28 de abril, tras la renuncia de Jáuregui, fue enfática: la renuncia del fiscal no detiene las investigaciones. Señaló que las únicas instancias que pudieron autorizar la coordinación con la CIA son la Fiscalía estatal o la Secretaría de Seguridad Pública del estado. Su cancillería envió una nota diplomática de extrañamiento al embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson.

Gobierno de Chihuahua. Maru Campos ha insistido en que actúa bajo principios de legalidad y que la Unidad Especializada ya remitió información a la FGR. Su secretario de Gobierno, Santiago de la Peña, calificó la invitación del Senado como una acción “maliciosa y mezquina.” El gobierno estatal mantiene la posición de que revelar detalles podría comprometer la seguridad nacional.

Senado — bancada de Morena. El senador Enrique Inzunza, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, afirmó que los hechos configuran violaciones constitucionales que pueden exigirse a través de juicio político (artículos 108, 109 y 110 de la Constitución). La senadora Malú Micher señaló que existen dos vías: la penal por conducto de la FGR o el juicio político a través de la Cámara de Diputados. Óscar Cantón Zetina, presidente de Puntos Constitucionales, dijo que observa a una gobernadora “entrampada, que sabe que violó la ley de manera flagrante.”

Senado — bancada del PAN. Ricardo Anaya calificó la postura de Morena como “hipócrita” y citó declaraciones del congresista republicano Michael McCaul, quien aseguró que el gobierno federal mexicano no pudo haber desconocido la operación. Lilly Téllez celebró la decisión de Campos de no asistir.

Javier Corral (exgobernador de Chihuahua, ahora senador de Morena). Calificó la respuesta de las autoridades de Chihuahua como una “coartada institucional que pretende imponer la responsabilidad sobre quien ya no puede defenderse”, en referencia a que la narrativa oficial del estado coloca al fallecido director de la AEI como el único que sabía de los agentes.

FGR. La Fiscalía General de la República confirmó el 29 de abril que tiene abiertas dos carpetas de investigación a cargo de la Fiscalía Especializada de Control Regional: una por el narcolaboratorio y otra por la presunta participación de agentes de la CIA en acciones que podrían constituir delitos contra la seguridad nacional.

Congreso de la Ciudad de México. Aprobó un exhorto al Senado para que, de acreditarse los hechos, inicie juicio político contra Campos.

¿Por qué la intervención extranjera es el problema central, no el narcolaboratorio?

La narrativa que el gobierno de Chihuahua ha impulsado busca enmarcar el operativo como un éxito contra el crimen organizado. El propio Jáuregui, al renunciar, lamentó que las omisiones hubieran eclipsado la destrucción del laboratorio. Ricardo Anaya defendió que Campos debería ser reconocida por combatir al narco, no cuestionada.

Pero el punto en disputa no es el decomiso: es la forma en que se ejecutó. La Ley de Seguridad Nacional y la Constitución son explícitas: cualquier colaboración con agentes de gobiernos extranjeros en materia de seguridad debe ser notificada y coordinada con las autoridades federales, específicamente a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el gabinete de seguridad. En este caso, ni la Secretaría de la Defensa Nacional, ni la Secretaría de Seguridad federal, ni la Cancillería fueron informadas.

En otras palabras: un gobierno estatal habría operado una agenda de seguridad paralela con una agencia de inteligencia extranjera al margen de las instituciones federales. El resultado del operativo —por exitoso que haya sido— no modifica la irregularidad del procedimiento.

Señales que generan dudas

Versiones contradictorias. El fiscal Jáuregui primero afirmó que los agentes se encontraron casualmente con el convoy. La investigación posterior reveló que viajaban con el convoy desde el inicio del operativo.

Responsabilidad concentrada en un fallecido. La narrativa oficial del estado señala que solo el director de la AEI, Pedro Oseguera, sabía de la presencia de los agentes. Al estar fallecido, no puede confirmar ni negar esta versión. El senador Corral lo definió como imponer responsabilidad sobre quien ya no puede defenderse.

Renuncia del fiscal como cortafuegos. Jáuregui renunció horas después de que la Unidad Especializada revelara detalles que contradecían su versión. La presidenta Sheinbaum advirtió que la renuncia no detiene las investigaciones. La velocidad de la dimisión sugiere un intento de contención de daño político antes de la comparecencia del día siguiente.

La negativa a comparecer. Maru Campos confirmó inicialmente que asistiría al Senado. Horas después, mediante oficio fechado el 27 de abril, declinó. La justificación de proteger información confidencial no ha sido acompañada de una rendición de cuentas alternativa. El Senado solo tenía facultad de invitación, no de citación obligatoria, lo que limita sus opciones inmediatas.

Colaboración “extraoficial.” La fiscal Wendy Chávez señaló que existen indicios de una colaboración de carácter extraoficial entre la CIA y autoridades de Chihuahua, cuya naturaleza deberá definirse en las siguientes etapas de la investigación. El término “extraoficial” implica que no existió un acuerdo formal ni se siguieron los canales legales.

Verificación de la información

Verificado:

Cuatro personas murieron el 19 de abril en un accidente vehicular en la Sierra Tarahumara: dos agentes de la CIA, el director de la AEI y un escolta.
El operativo entre el 16 y 19 de abril desmanteló un narcolaboratorio de metanfetaminas en El Pinal, municipio de Morelos.
César Jáuregui presentó su renuncia irrevocable el 27 de abril y reconoció omisiones institucionales.
Maru Campos rechazó la invitación del Senado a comparecer el 28 de abril.
La FGR abrió dos carpetas de investigación: por el narcolaboratorio y por posibles delitos contra la seguridad nacional.
La cancillería mexicana envió una nota diplomática de extrañamiento al embajador de Estados Unidos.
El gobierno federal no fue informado de la participación de agentes extranjeros.

Razonablemente inferible:

La renuncia de Jáuregui responde a un intento de contención política tras la contradicción entre su versión y los hallazgos de la Unidad Especializada.
La negativa de Campos a comparecer busca evitar un escenario de exposición política sin garantías de control sobre la narrativa.
La concentración de responsabilidad en el director fallecido de la AEI opera como una defensa conveniente que no puede verificarse ni refutarse.

Suposiciones no verificadas:

Que el juicio político se concrete. Por ahora el Senado no votó ningún recurso formal y la vía sigue siendo solo un pronunciamiento legislativo.

Fuentes

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