Bukele va por un tercer mandato: datos, pactos y costos

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Bukele formalizó su candidatura a un tercer mandato en El Salvador. Los datos de seguridad, los pactos señalados y el costo en derechos humanos.

Resumen

Nayib Bukele formalizó su candidatura en las primarias del partido gobernante Nuevas Ideas de cara a las elecciones presidenciales de febrero de 2027, lo que le abre la puerta a un posible tercer mandato consecutivo en El Salvador. La postulación fue posible gracias a una reforma constitucional aprobada en 2025 por una Asamblea Legislativa controlada por su partido, que eliminó los límites a la reelección. El anuncio reaviva un debate que divide opiniones dentro y fuera del país: Bukele exhibe la mayor caída de homicidios en la historia salvadoreña, mientras organismos internacionales documentan negociaciones de su gobierno con pandillas, miles de detenciones arbitrarias, muertes bajo custodia y un éxodo de periodistas y defensores de derechos humanos. Esta nota presenta ambos expedientes con sus fuentes para que el lector forme su propio juicio.

Desarrollo de la información

El registro de la candidatura fue anunciado por el líder de Nuevas Ideas, Xavi Zablah Bukele, primo del presidente, quien publicó el documento en redes sociales y especificó que el vicepresidente Félix Ulloa también se postuló para un nuevo mandato. Aunque en 2024 Bukele había sido reelegido para un segundo periodo que originalmente terminaría en 2029, la reforma de 2025 acortó ese mandato y unificó todos los comicios para el 28 de febrero de 2027. De ganar, gobernaría hasta 2033.

La ruta que lo llevó hasta aquí tiene tres estaciones. La primera fue en 2021, cuando la nueva Asamblea con mayoría oficialista destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, y la sala impuesta emitió meses después una resolución que interpretó que una persona sí podía reelegirse, pese a que la Constitución contenía al menos seis artículos que lo prohibían expresamente. La segunda fue la elección de febrero de 2024, en la que Bukele ganó un segundo mandato con más del 80% de los votos, mientras su partido aseguró 54 de los 60 escaños legislativos. La tercera llegó el 31 de julio de 2025, cuando la Asamblea aprobó en una sola jornada y sin deliberación pública una reforma que amplía el periodo presidencial de cinco a seis años, elimina la segunda vuelta electoral y permite la reelección presidencial indefinida. La iniciativa fue respaldada por 57 de los 60 diputados; solo votaron en contra los dos legisladores de Arena y la diputada de VAMOS.

El contraste con la posición original del propio Bukele es uno de los elementos más citados por sus críticos. En una entrevista televisiva de 2013, cuando era alcalde de Nuevo Cuscatlán, explicó que la Constitución salvadoreña prohibía la reelección inmediata precisamente como candado contra la perpetuación: “Puede ser presidente ochenta veces si quiere, pero no seguidas”, dijo entonces, y agregó que la regla existía para evitar que alguien usara el poder para quedarse en el poder.

¿Qué dicen las fuentes?

Sobre seguridad, el logro central del bukelismo. La tasa de homicidios, que alcanzó un máximo de 105 por cada 100,000 habitantes en 2015, ha caído drásticamente desde 2019 y llegó a mínimos históricos según cifras oficiales. El gobierno reportó una tasa de 1.3 por cada 100,000 habitantes en 2025, la más baja de su historia, y sostiene que recuperó el 80% del control territorial que antes administraban grupos criminales dedicados a la extorsión. Antes del giro de Bukele, las pandillas recaudaban cerca de 2,000 millones de dólares anuales en extorsiones, según cálculos de las autoridades. Human Rights Watch matiza el alcance de estas cifras: las restricciones al acceso público a los datos sobre homicidios y los cambios en los criterios de clasificación de asesinatos dificultan evaluar la exactitud de las afirmaciones oficiales. Human Rights Watch

Sobre las negociaciones con pandillas. No se trata de rumores sino de sanciones formales de un gobierno extranjero. En diciembre de 2021, el Departamento del Tesoro de EE.UU. sancionó bajo la Ley Magnitsky a Osiris Luna, director de Centros Penales, y a Carlos Marroquín, director de Tejido Social, por encabezar negociaciones secretas en representación del gobierno de Bukele con líderes encarcelados de la MS-13. Según la investigación estadounidense, el gobierno dio incentivos financieros a la MS-13 y al Barrio 18 en 2020 para mantener bajos los homicidios, y las cúpulas pandilleriles acordaron dar apoyo político a Nuevas Ideas en las elecciones siguientes. Una acusación fiscal presentada en la Corte del Distrito Este de Nueva York en septiembre de 2022 confirmó los señalamientos e identificó a Luna y Marroquín como quienes lideraron las negociaciones. Bukele ha negado todo: tras las sanciones, respondió en redes que las acusaciones eran una mentira obvia y que los videos que existen son de sus adversarios haciendo eso, no de su gobierno. Un dato posterior alimenta las sospechas: la deportación desde EE.UU. de César Humberto López Larios, “El Greñas”, líder de la MS-13 que enfrentaba cargos federales, parece formar parte de un esfuerzo por impedir que testifique ante tribunales estadounidenses sobre las presuntas negociaciones con la administración Bukele.

Sobre derechos humanos. Como resultado del régimen de excepción vigente desde marzo de 2022, más de 85,000 personas han sido detenidas sin garantías básicas del debido proceso. HRW documenta detenciones arbitrarias masivas, desapariciones forzadas, tortura y otros malos tratos, y señala que el régimen se ha prorrogado 45 veces. Socorro Jurídico Humanitario documentó 470 muertes de personas privadas de libertad entre marzo de 2022 y diciembre de 2025, con un hallazgo central: el 94% de los fallecidos no pertenecía a pandillas. Las propias cifras oficiales reconocen que aproximadamente 8 mil personas fueron liberadas tras confirmarse su inocencia.

Sobre libertad de expresión y de asociación. En mayo de 2025 se aprobó la Ley de Agentes Extranjeros, que obliga a organizaciones y personas con financiamiento del exterior a registrarse ante el gobierno e impone un impuesto del 30% sobre esos fondos; quienes no se registren enfrentan multas y la cancelación de su personería jurídica. Ese mismo mes fue detenida Ruth López, jefa de la unidad anticorrupción de la organización Cristosal, acusada de presunto enriquecimiento ilícito, señalamiento que ella rechaza. Entre mayo y septiembre de 2025, al menos 140 defensores de derechos humanos y periodistas —incluidos los de El Faro— huyeron del país por temor a represalias, y tanto Cristosal como la Asociación de Periodistas de El Salvador cerraron sus operaciones en territorio salvadoreño. Human Rights Watch

¿Por qué la misma reforma recibe reacciones distintas?

Cuando Venezuela y Nicaragua eliminaron los límites a la reelección presidencial, Washington y buena parte de la comunidad internacional lo calificaron como deriva dictatorial. Con El Salvador la respuesta estadounidense fue la contraria. Un funcionario del Departamento de Estado respaldó públicamente la reelección presidencial indefinida en El Salvador —figura que no existe en EE.UU., donde los presidentes están limitados a dos mandatos— y un vocero rechazó ante CNN cualquier comparación de la reforma con regímenes dictatoriales de la región. La explicación más citada por los analistas es la alianza con Donald Trump: la presidenta de WOLA, Carolina Jiménez, sostiene que la relación política e ideológica entre ambos gobiernos permite que actos abiertamente antidemocráticos de Bukele sean recibidos con silencios o incluso con aprobación pública inmediata desde Washington. Esa relación es funcional para ambos: EE.UU. paga a El Salvador por albergar en el CECOT a migrantes deportados, incluidos 238 venezolanos y salvadoreños enviados en marzo de 2025.

Conviene precisar el alcance de este doble estándar: aplica al trato entre gobiernos, no a la prensa en general. Medios internacionales y analistas describen con frecuencia a Bukele como autócrata, y organizaciones jurídicas lo agrupan con los gobernantes de la región que pueden reelegirse indefinidamente, como Nicolás Maduro y Daniel Ortega, señalando que sería el primer presidente de derecha en la historia reciente en usar esta maniobra. El propio Bukele juega con la etiqueta: llegó a autodenominarse en su perfil de X como el dictador más cool del mundo. La diferencia observable no es que nadie lo llame dictador, sino que ese señalamiento no se traduce en sanciones, aislamiento diplomático ni condenas oficiales, algo que ocurre con gobiernos no alineados con Washington.

Señales que generan dudas

La primera señal es la contradicción del propio presidente con su postura de 2013, cuando defendía la prohibición de la reelección inmediata como garantía contra la perpetuación en el poder. Ningún hecho jurídico nuevo explica el cambio de criterio: lo que cambió fue el control de las instituciones que interpretan la Constitución.

La segunda es el método de la reforma. La Constitución salvadoreña exigía que una reforma fuera ratificada por la legislatura siguiente con tres cuartas partes de los votos, y clasificaba la alternancia presidencial como cláusula pétrea no susceptible de reforma; la modificación de 2025 se aprobó en una sola jornada y por una sola legislatura. Agenda Estado de Derecho

La tercera es la opacidad de los datos de seguridad, el principal activo político del gobierno. Organizaciones señalan que las cifras oficiales de homicidios omiten registros que, conforme al Protocolo de Bogotá, deberían incluirse: cuerpos en fosas comunes, muertes en enfrentamientos armados y fallecimientos en cárceles.

La cuarta es el patrón temporal de la represión a voces críticas: las detenciones de Ruth López y del abogado Enrique Anaya, la aprobación exprés de la Ley de Agentes Extranjeros y las órdenes de captura reportadas contra periodistas de El Faro ocurrieron semanas después de que ese medio publicara entrevistas con dos pandilleros que detallaron las negociaciones del gobierno con las pandillas desde que Bukele era alcalde de San Salvador.

Verificación de la información

Verificado: la inscripción de Bukele como precandidato de Nuevas Ideas para 2027 (anuncio del 29 de junio de 2026); la reforma constitucional del 31 de julio de 2025 y su contenido (reelección indefinida, periodo de seis años, eliminación de segunda vuelta); las sanciones del Tesoro de EE.UU. contra Osiris Luna y Carlos Marroquín (8 de diciembre de 2021); la acusación fiscal en Nueva York de 2022; la declaración de Bukele de 2013 contra la reelección inmediata; las cifras oficiales de reducción de homicidios; los más de 85,000 detenidos bajo régimen de excepción; las 470 muertes bajo custodia documentadas por Socorro Jurídico Humanitario; la Ley de Agentes Extranjeros y su impuesto del 30%; la detención de Ruth López; el cierre de operaciones de Cristosal y la APES; el respaldo del Departamento de Estado a la reforma.

Razonablemente inferible: que la deportación de “El Greñas” a El Salvador reduce la probabilidad de que testifique en tribunales de EE.UU. sobre los pactos con pandillas; que la alianza con la administración Trump explica la ausencia de condenas oficiales de Washington a la reforma; que la ola represiva de mayo de 2025 está vinculada a las publicaciones de El Faro sobre las negociaciones.

Suposiciones no verificadas: que Bukele ganará la elección de 2027 (por alta que sea su aprobación, es un evento futuro); que el gobierno ordenó directamente cada detención de críticos como represalia (los procesos judiciales están bajo reserva); la cifra de hasta 2,000 muertes bajo custodia que algunas organizaciones estiman más allá de los casos documentados.

Fuentes

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