132 mil desaparecidos en México: el desglose oficial

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El RNPDNO registra 132,534 desaparecidos en México. Te explicamos el desglose oficial y por qué la cifra abarca varios sexenios.

Resumen

México registra 132 mil 534 personas desaparecidas y no localizadas, según el corte del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) presentado por el gobierno federal el 27 de marzo de 2026. Es la cifra oficial vigente, no un dato de un solo gobierno: acumula casos que van desde la llamada Guerra Sucia de los años setenta hasta esta semana. En esa misma presentación, las autoridades dividieron el registro en tres bloques —datos insuficientes, casos con actividad posterior al reporte y casos sin ningún rastro—, una clasificación que organizaciones civiles cuestionaron por sus implicaciones. Esta nota desarma cada cifra para entender qué mide realmente y por qué atribuir el total a una sola administración es un error de lectura.

Desarrollo de la información

El 27 de marzo de 2026, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa, presentó una revisión del RNPDNO con corte al 26 de marzo. El registro contabilizaba 132 mil 534 personas desaparecidas y no localizadas. Fue la primera vez que esta revisión la encabezó el SESNSP y no la Secretaría de Gobernación, como ocurría en la administración anterior.

El dato que pasó casi inadvertido, pero que reordena toda la discusión, fue otro que ofreció la propia funcionaria: a lo largo de la historia del registro se han documentado más de 394 mil reportes de personas desaparecidas en México. Los 132 mil son únicamente quienes siguen sin ser localizados; el resto fueron hallados con o sin vida en algún momento. La cifra activa, además, no empieza en 2006: el gobierno reconoció que 2 mil 356 casos corresponden a desapariciones ocurridas entre 1952 y 2005, vinculadas al periodo de represión estatal conocido como Guerra Sucia. El registro mezcla, por tanto, medio siglo de historia en un mismo número.

Sobre ese universo de 132 mil 534 personas desaparecidas, el gobierno presentó una caracterización en tres grupos. El primero, el 36%, corresponde a expedientes con información insuficiente para emprender una búsqueda. En términos llanos, son registros a los que les faltan los datos mínimos para salir a buscar a alguien: en ocasiones no hay una fotografía, no se asentó la fecha en que la persona fue vista por última vez, falta la CURP o la fecha de nacimiento, y en los casos más extremos el expediente contiene apenas un apodo. Sin esos elementos, una búsqueda efectiva es casi imposible, porque no hay con qué identificar ni a quién ni desde cuándo se busca. Vale recordar de dónde sale esa deficiencia: como más del 90% de los registros los capturan las propias fiscalías y comisiones de búsqueda, los huecos son atribuibles en su mayoría a la forma en que la autoridad documentó el caso, no a que las familias no aportaran información.

El segundo grupo, el 31%, reúne casos que muestran algún movimiento administrativo posterior a la fecha del reporte —el bloque que el gobierno asocia con posibles personas con vida y que abordamos más adelante—. El tercero, el 33%, equivale a unas 43 mil 700 personas con datos completos pero sin ningún rastro posterior, y es el más crítico de todos. Aquí el expediente está bien armado, hay con qué buscar, y aun así no aparece ningún registro de actividad de la persona después de su desaparición. De ese bloque, apenas 3 mil 869 casos cuentan con una carpeta de investigación abierta en alguna fiscalía. Dicho de otro modo: por cada caso que se investiga formalmente, hay alrededor de diez personas que constan como desaparecidas, con datos suficientes para actuar, pero sobre las que ninguna autoridad ha iniciado la indagatoria penal que la ley exige. El gobierno no explicó a qué se debe ese vacío; lo que las organizaciones civiles llevan años señalando es que detrás de él hay fiscalías estatales saturadas, sin capacidad forense suficiente y, en algunos casos, sin voluntad de investigar. El registro de la desaparición existe; la investigación que debería seguirlo, para la mayoría, no.

¿Qué dicen las fuentes?

El desglose oficial, según las cifras que Figueroa detalló y que recogió la prensa, se reparte así: 46 mil 724 casos tienen datos insuficientes que dificultan su localización, mientras que 40 mil 308 personas presentan actividad posterior a su fecha de desaparición, como matrimonios, altas en el SAT o cambios de domicilio en el INE. (La Jornada consignó la cifra de expedientes incompletos en 46 mil 742; la diferencia de 18 casos entre versiones de prensa no altera la proporción.)

Traducido a porcentajes, la funcionaria precisó en un encuentro posterior con organizaciones civiles que 36% cuenta con información insuficiente para la búsqueda; 31% presenta algún tipo de actividad administrativa posterior al registro de desaparición; y 33% no cuenta con actividad posterior al registro. Y aquí aparece el dato más duro de toda la revisión: de este último grupo, apenas 3 mil 869 casos —el 2.9% del total— cuentan con una carpeta de investigación abierta en fiscalías.

Un punto que el gobierno subrayó para frenar la sospecha de “borrado” de víctimas: Figueroa aclaró que el gobierno federal no realizó ninguna reclasificación administrativa de los registros del RNPDNO; los estatus se mantienen y no hubo una depuración de la base. Lo que hubo, según la propia funcionaria, fue un diagnóstico de la base, no una limpieza.

Sobre el origen de los expedientes incompletos —el bloque que el discurso podría leer como “culpa de las familias que reportan mal”—, los datos apuntan en otra dirección. La Comisión Nacional de Búsqueda señala que las principales fuentes que alimentan el registro son las fiscalías (64.10%), las comisiones de búsqueda (31%), cualquier otra persona que no sea autoridad (3.78%) y otras instancias (1.12%). Es decir, más del 90 por ciento de los registros los cargan las propias autoridades: si falta información, la responsabilidad es mayoritariamente del Estado, no del ciudadano.

¿Por qué importa?

Porque el número viaja por redes sociales despojado de su contexto temporal, y eso produce dos lecturas falsas en direcciones opuestas. Una atribuye los 132 mil enteros a la administración actual; la otra los empuja hacia atrás para responsabilizar solo a los gobiernos del PAN y el PRI. Las dos son incorrectas, y los datos por sexenio lo demuestran.

Las cifras más citadas, provenientes de extracciones del RNPDNO realizadas por organizaciones civiles, distribuyen las desapariciones según el sexenio en que ocurrieron. Conviene una advertencia antes de leerlas: no son cifras cerradas ni oficiales definitivas. Cambian según la fecha de consulta del registro y según quién hace la extracción, porque el RNPDNO se actualiza de forma permanente y arrastra subregistro. Sirven para mostrar una tendencia, no para fijar un marcador exacto.

SexenioDesapariciones registradas (aprox.)Promedio diario
Felipe Calderón (2006-2012)16,903~8
Enrique Peña Nieto (2012-2018)32,532~15
Andrés Manuel López Obrador (2018-2024)53,261~25

Fuente: extracciones del RNPDNO citadas por Causa en Común e Infobae (2025). Cifras aproximadas, sujetas a actualización del registro.

La suma de los tres sexenios (102,696) no equivale al total vigente de 132,534 porque la tabla corresponde a un corte de 2025, no incluye el primer año de Claudia Sheinbaum ni los 2,356 casos previos a 2006, y el registro se actualiza de forma permanente.

Hay un matiz que vuelve engañosa cualquier comparación directa con el sexenio de Calderón: en esos años el sistema de registro de desaparecidos apenas existía. Antes de que su gobierno militarizara la seguridad pública, el tema prácticamente no figuraba en las estadísticas oficiales, no porque no ocurriera, sino porque no había dónde ni cómo registrarlo. A esa debilidad estructural se sumó un episodio que marcó la cobertura del periodo: en marzo de 2011, 715 medios de comunicación firmaron el Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia, presentado el 24 de marzo y liderado por Televisa, que los comprometía a moderar la difusión de hechos violentos. Una investigación de El Colegio de México midió su efecto: periódicos, radio y televisión redujeron su cobertura de noticias criminales tras la política, una caída de entre 21 y 68% que no se explica por cambios en la tasa de homicidios. Conviene no confundir los dos planos: ese acuerdo afectó la cobertura mediática, no el registro de desaparecidos, que se alimenta de reportes a fiscalías. Pero ambos factores ayudan a entender por qué las cifras de aquella época deben leerse como un piso, no como un retrato fiel. SciELOColmex

Con esa salvedad, la lectura de la tabla es doble. Por un lado, ningún sexenio concentra el total: bajo López Obrador se superó en casi 10 mil personas el número de desapariciones de Peña Nieto y se duplicaron los casos del mandato de Calderón, pero los tres juntos —más la Guerra Sucia y otros periodos— componen la cifra acumulada. Por otro lado, los datos desmienten que el fenómeno se haya contenido: el sexenio de López Obrador es el de mayor número de desapariciones registradas, 64 por ciento más que el de Peña Nieto y 215 por ciento más que el de Calderón. Y la tendencia no se revirtió con el cambio de gobierno en 2024: en 2019, primer año de la administración lopezobradorista, se reportaron 8 mil 417 desapariciones, una cifra 67 por ciento menor que la registrada en 2025.

Señales que generan dudas

El bloque más resbaladizo del desglose oficial es el 31 por ciento con “actividad administrativa posterior”. El gobierno lo presenta sugiriendo que esas personas podrían estar con vida, pero la inferencia no resiste un examen técnico. La autoridad sustenta esta categoría cruzando bases de datos como las del SAT o el INE, usando la CURP como identificador. La narrativa oficial sugiere que estas personas se encuentran con vida, pero esa conclusión es, en el mejor de los casos, apresurada. Un movimiento en el SAT o el INE ligado a una CURP no prueba que la persona reportada esté viva: la clave pudo ser usada por un tercero, asociada a un trámite con documentos falsos, o corresponder a un registro defectuoso. Detectar actividad en una CURP y concluir “está viva” son dos afirmaciones distintas, y entre una y otra falta justamente lo que el registro no aporta: la verificación caso por caso.

Organizaciones civiles fueron más lejos en su crítica al enfoque. Fundar advirtió que el número de carpetas de investigación no equivale al número de personas desaparecidas, y que pretender validar únicamente una cifra reducida basándose en la burocracia de las fiscalías es un intento de minimizar la crisis para evadir la obligación de búsqueda. La objeción de fondo es metodológica: reducir una crisis de 132 mil personas a un problema de calidad de archivos corre el riesgo de desplazar la pregunta central —dónde están— hacia una discusión sobre expedientes. CNN

Verificación de la información

Verificado:

  • La cifra oficial vigente es de 132 mil 534 personas desaparecidas y no localizadas, presentada el 27 de marzo de 2026 por el SESNSP (fuentes: CNN, Proceso, bajanews, Grupo Animal).
  • El desglose es 36% datos insuficientes / 31% con actividad posterior / 33% sin actividad posterior; de este último grupo, 3,869 casos tienen carpeta de investigación abierta (fuente: Grupo Animal / Noroeste).
  • 2,356 casos corresponden a desapariciones de 1952-2005 (Guerra Sucia); el registro histórico total supera los 394 mil reportes (fuentes: CNN, VOM Noticias).
  • Las fiscalías y comisiones de búsqueda aportan más del 90% de los registros (fuente: CNB vía La Jornada).
  • El ACIV se firmó el 24 de marzo de 2011 con 715 medios y redujo de forma medible la cobertura de noticias criminales (fuentes: Proceso, El Colegio de México).

Razonablemente inferible:

  • La distribución por sexenio (16,903 Calderón / 32,532 Peña / 53,261 AMLO). Provienen de extracciones del RNPDNO hechas por organizaciones civiles, no de un corte oficial único, y varían según la fecha de consulta. Se presentan como tendencia documentada, no como cifra cerrada.
  • Que la cifra de Calderón está subestimada: en ese sexenio el sistema de registro de desaparecidos era incipiente, lo que hace que su número funcione como piso y no como dato fiable.
  • Que el ritmo de desapariciones no ha disminuido bajo la administración actual: lo sostienen las cifras de 2019 vs. 2025 y los reportes de Red Lupa sobre el aumento anual sostenido.

Suposiciones no verificadas:

  • Que las personas del bloque del 31% estén efectivamente con vida. El gobierno lo insinúa; no existe verificación individualizada pública que lo confirme.
  • El número exacto de desaparecidos atribuible a cada administración. El subregistro, las recategorizaciones y la actualización permanente del RNPDNO impiden una cifra definitiva por sexenio.

Fuentes

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