La Comisión Anticorrupción del Congreso de NL aprobó el tercer juicio político contra Samuel García por presunto desvío de recursos.
Resumen
La Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León aprobó el 12 de junio de 2026 iniciar un juicio político contra el gobernador Samuel García por un presunto esquema de triangulación de recursos públicos hacia despachos vinculados con su familia. Es el tercer procedimiento de este tipo que enfrenta el mandatario y fue promovido por la dirigencia estatal de Morena. García deberá ser notificado y tendrá quince días hábiles para presentar su defensa. El proceso apenas comienza: por una resolución previa de la Suprema Corte, su aprobación no implica destitución automática.
Desarrollo de la información
La Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León, integrado por 42 diputados, votó el viernes 12 de junio a favor de abrir formalmente el procedimiento de juicio político contra Samuel García Sepúlveda. La solicitud fue presentada el 8 de junio por la dirigente estatal de Morena, Anabel Alcocer Cruz, y quedó registrada bajo el expediente 21537/LXXVII, un documento de 22 páginas que acusa al gobernador de causar un daño grave a los intereses públicos de la entidad mediante el manejo indebido de recursos. El 10 de junio el pleno turnó el expediente a la comisión, que dos días después avaló iniciar el proceso.
La sesión transcurrió sin la presencia de tres integrantes de la comisión: los morenistas Mario Soto y Rodrigo Otoniel Montemayor, y la legisladora del Partido Verde Claudia Chapa, quienes justificaron su ausencia por compromisos previos y motivos de salud. Pese a ello, la comisión reunió el quórum necesario para discutir y votar.
Las acusaciones se sustentan en señalamientos difundidos desde abril de 2026 sobre una presunta red financiera que habría canalizado recursos públicos hacia el despacho Firma Jurídica y Fiscal Abogados, cuyos accionistas son el padre del gobernador, Samuel Orlando García Mascorro, y su medio hermano, Samuel Orlando García Villarreal. El monto que circula en la denuncia supera los mil millones de pesos.
¿Qué dicen las fuentes?
El esquema que da origen a la denuncia fue documentado originalmente por Grupo Reforma y EL NORTE, que citaron documentos, facturas y fuentes federales cercanas a la indagatoria. Según esa documentación, el despacho ligado al gobernador habría recibido al menos 90 millones de pesos provenientes de Trinational Express Logistics entre agosto de 2025 y febrero de 2026, en dieciocho movimientos de cinco millones de pesos cada uno desde la empresa con sede en Laredo, Texas. Los reportes describen además una cadena de empresas intermediarias —entre ellas Suministro MYR, Nauka Comunicación Estratégica, Transportes Norkux y VGL Logística— con operaciones bancarias que, en conjunto, sumarían 22 millones de dólares. Periódico AMEl Imparcial
La Ley de Juicio Político del Estado de Nuevo León es reglamentaria de los artículos 110 y 111 de la Constitución local. El procedimiento procede contra el gobernador por violaciones graves a la Constitución federal y a las leyes que de ella emanan, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales. El Congreso funge únicamente como órgano de acusación: tiene facultades para iniciar el procedimiento y recibir la defensa, pero la separación del cargo exige un umbral de votación reforzado. H. Congreso de Nuevo León
Samuel García ha rechazado las acusaciones de forma reiterada. En un mensaje difundido en redes, el gobernador negó categóricamente recibir recursos del gobierno estatal o de sus proveedores, y calificó los señalamientos como un “refrito” de acusaciones previas con motivaciones políticas. El Imparcial
¿Qué tan probable es la destitución?
Aquí está el punto que la mayoría de las coberturas omite. En enero de 2024, García promovió una controversia constitucional contra la Ley de Juicio Político local. En mayo de ese año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió por unanimidad que la ley es constitucional y el Congreso sí tiene facultades para iniciar el procedimiento, incluso contra el gobernador, pero declaró inválido el fragmento que permitía la destitución inmediata una vez aplicada la norma. La Jornada
En la práctica, esto significa que aprobar el juicio político no destituye al gobernador de manera automática. Conforme al artículo 203 de la Constitución estatal, la separación del cargo requeriría el voto de las dos terceras partes del Congreso, es decir, al menos 28 de los 42 diputados. El bloque opositor —PAN y PRI— estima viable un eventual desafuero, mientras Movimiento Ciudadano, partido del gobernador, ha pedido respetar el debido proceso.
Conviene distinguir, además, los tres procedimientos. Los dos primeros, aprobados en febrero de 2026, derivan de resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por la intervención de García en el proceso electoral de 2024. Este tercero, el actual, tiene una naturaleza distinta: peculado y presunto desvío de recursos.
Señales que generan dudas
El procedimiento presenta elementos que conviene observar con cautela, en ambas direcciones.
Del lado del promovente: la denuncia no proviene de un órgano fiscalizador como la Auditoría Superior del Estado, sino de la dirigencia estatal de un partido —Morena— que compite políticamente con Movimiento Ciudadano. Diputados del PAN señalaron durante la discusión que este expediente podría avanzar con mayor rapidez precisamente por haber sido promovido por Morena, cuyos legisladores, afirmaron, habían frenado procesos similares con anterioridad. El contexto temporal tampoco es neutral: García es considerado aspirante presidencial para 2030 y su esposa, Mariana Rodríguez, ha sido mencionada como posible candidata a la gubernatura.
Del lado de las acusaciones: la FGR no ha confirmado públicamente la existencia de la carpeta de investigación. Toda la información sobre el esquema financiero procede de reportes periodísticos que citan fuentes federales anónimas y facturas en poder de los medios, no de una vocería oficial de la fiscalía ni de una imputación formalizada ante un juez. La cifra de “mil millones de pesos” se repite en cadena entre medios, pero su origen es la denuncia y las filtraciones, no una resolución judicial.
Verificación de la información
Verificado
- La Comisión Anticorrupción del Congreso de NL aprobó iniciar el juicio político el 12 de junio de 2026.
- La solicitud fue presentada por la dirigencia estatal de Morena el 8 de junio (expediente 21537/LXXVII).
- García tiene 15 días hábiles para presentar su defensa tras la notificación.
- Es el tercer juicio político contra García; los dos previos (febrero 2026) derivan de resoluciones del TEPJF.
- La SCJN resolvió en mayo de 2024 que la ley es constitucional pero invalidó la destitución automática.
- García negó públicamente las acusaciones.
Razonablemente inferible
- La separación del cargo requeriría 28 de 42 votos (dos terceras partes), umbral que el bloque opositor considera alcanzable pero que no está garantizado.
- El calendario electoral y las aspiraciones políticas de García aportan un incentivo partidista al momento de la denuncia.
Suposiciones no verificadas
- Que existe una carpeta de investigación abierta y confirmada por la FGR: solo está sustentada en reportes periodísticos con fuentes anónimas.
- Que el desvío asciende a “mil millones de pesos”: es la cifra de la denuncia y las filtraciones, no un monto acreditado judicialmente.
- Que los pagos al despacho familiar corresponden a un esquema simulado y no a servicios reales: es precisamente lo que tendría que probar el órgano de acusación.
Fuentes
- El Financiero — “Avanza juicio político contra Samuel García” (12 de junio de 2026)
- Crónica — “Congreso de NL abre juicio contra Samuel García” (12 de junio de 2026)
- El Imparcial — “Congreso turna tercer juicio político” (11 de junio de 2026)
- La Jornada — “Constitucional, la ley de juicio político de NL: Corte” (21 de mayo de 2024)
- Ley de Juicio Político del Estado de Nuevo León — H. Congreso de NL
- AM / Agencia Reforma — “Investiga FGR a Gobierno de Samuel García” (19 de mayo de 2026)
- Infobae — “Morena denuncia ante la FGR a Samuel García” (26 de mayo de 2026)