Lemus, el agua sucia y la duda de la privatización

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Agua sucia en Guadalajara: cronología de la crisis, el contrato CMRO del acueducto que Lemus niega sea privatización y la marcha del 11 de octubre.

Resumen

Durante la mayor parte de 2026, cientos de colonias del Área Metropolitana de Guadalajara recibieron agua turbia, con mal olor y, según monitoreos ciudadanos, con bacterias y metales. En octubre, el gobernador Pablo Lemus reconoció que el foco principal es la presa Las Pintas y ordenó dejar de usar su agua y la del sistema antiguo de Chapala. Como solución de fondo envió al Congreso una iniciativa para construir un acueducto sustituto mediante un contrato con una empresa privada, por 11 mil 922 millones de pesos y a 20 o 25 años. La oposición sostiene que abre la puerta a la privatización. El gobierno lo niega, y con lo presentado hasta ahora la empresa no cobraría a los usuarios ni fijaría tarifas. Lo que sí implica es un compromiso de pago público de largo plazo cuyos términos aún no se conocen. El 11 de octubre, una marcha masiva terminó con enfrentamientos y decenas de detenidos frente a Casa Jalisco.

Desarrollo de la información

El problema es anterior a este año. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) documenta quejas desde 2019, y en 2022 emitió una recomendación por más de 100 quejas por agua turbia y escasez. El propio SIAPA recibió 1,083 reportes de agua turbia o sucia en 475 colonias de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá entre enero de 2025 y enero de 2026.

A principios de 2026 el deterioro se volvió generalizado. Las autoridades estatales y municipales arrancaron un plan para sanear Las Pintas que incluía desazolve, dragado y retiro de lirio. Algunos medios ubican el inicio de la crisis en febrero y otros en marzo. El 22 de marzo, Día Mundial del Agua, unas 100 personas protestaron en Paseo Alcalde con más de 340 reportes de agua contaminada acumulados en 12 días. Ese mismo día, Lemus destituyó al director del SIAPA, Antonio Juárez Trueba, y nombró en su lugar al ingeniero Ismael Jáuregui Castañeda.

Entre abril y junio aparecieron los primeros análisis independientes. A finales de abril, organizaciones civiles analizaron 42 muestras de 27 colonias y reportaron plomo, aluminio, bacterias fecales y falta de cloro. Un segundo monitoreo, con 184 muestras tomadas entre marzo y junio en 90 colonias, encontró que el 93.48% no tenía cloro residual, que es la barrera básica de desinfección del agua. En abril la CEDHJ emitió otra recomendación, dirigida a siete autoridades estatales y a los municipios de El Salto y Tlaquepaque.

En julio la crisis pasó al terreno político y presupuestal. La CEDHJ cifró en 600 las colonias con agua sucia, turbia o contaminada y contabilizó 130 quejas formales contra el SIAPA en lo que iba del año, frente a las 200 colonias que reconocía el sector Salud estatal. Lemus anunció 3,500 millones de pesos estatales para ampliar la Planta Potabilizadora 1 y la segunda etapa de La Calera, y descartó privatizar el servicio. El 27 de julio se publicó el decreto que autoriza descuentos de hasta 80% en el recibo para las colonias afectadas, y la CEDHJ entregó una lista de referencia con 243 colonias.

En agosto cambió el modelo de financiamiento del proyecto principal. Tras reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum, Lemus planteó un acueducto de alrededor de 10 mil millones de pesos bajo una asociación público-privada. El paquete incluía además 7,500 millones estatales para modernizar la Planta Potabilizadora 1 y 7,000 millones federales para la electrificación de El Zapotillo.

En octubre la crisis llegó a su punto más alto. El día 5, vecinos de varios municipios bloquearon calles, y el SIAPA reconoció que el agua de mala calidad llegaba desde Las Pintas por el sistema antiguo. Lemus ordenó suspender ese abasto durante seis meses. La medida reduce el suministro metropolitano hasta en 2.5 metros cúbicos por segundo y obliga a tandeos rotatorios desde el 12 de octubre, con zonas sin agua dos o hasta tres días por semana. El SIAPA confirmó 34 descargas de aguas residuales en el canal de Las Pintas, siete de ellas bajo su propia responsabilidad.

El 8 de octubre el gobierno entregó al Congreso la iniciativa del acueducto. El 11 de octubre se realizó la mayor protesta de la crisis. Protección Civil estimó unas 4,500 personas, aunque el gobierno también habló de cerca de 10 mil. Frente a Casa Jalisco, la policía usó chorros de agua y gas lacrimógeno para dispersar a parte de los manifestantes. Al día siguiente, Lemus atribuyó la violencia a un presunto grupo de choque de unas 400 personas, confirmó 39 detenidos y 28 policías lesionados, e informó que 12 personas ya habían sido liberadas.

¿Qué dicen las fuentes?

Gobierno de Jalisco. En julio, Lemus aseguró que ni el SIAPA ni el abasto de agua serán privatizados o concesionados, y lo resumió en una frase: “ni se va a privatizar, ni se va a concesionar”. Sobre el origen de la contaminación, dijo que las lluvias rebasaron depósitos municipales de aguas residuales y que estos terminaron descargando hacia Las Pintas. Al presentar la iniciativa, el gobierno sostuvo que el proyecto no traspasa a particulares la propiedad del agua ni la del sistema público de abasto.

Secretaría de la Hacienda estatal. Su titular, Luis García Sotelo, explicó que la Comisión Estatal del Agua sería la encargada de pagar el contrato, y que el Congreso tendría que reservar cada año en el presupuesto el dinero para ese pago. Según García Sotelo, las tarifas no subirían porque el Estado cubre ese costo con presupuesto público. La aprobación requiere al menos 26 de los 38 votos, porque el compromiso de pago abarca más de tres sexenios.

Sector Salud. El secretario de Salud de Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, informó que el agua sale en buen estado de la potabilizadora pero se contamina en el trayecto. Reportó hipocloración cercana al 18%, coliformes en algunas de 297 muestras y un aumento de 30% en enfermedades gastrointestinales.

Academia. Eduardo Juárez Carrillo, director del Instituto de Limnología de la UdeG, atribuyó el problema de fondo a la antigüedad de las potabilizadoras y a que el sistema no puede tratar agua superficial tan contaminada.

Oposición en el Congreso. La diputada Mariana Casillas, del partido local Futuro y presidenta de la Comisión de Gestión del Agua, rechazó la iniciativa porque, a su juicio, abre la puerta a la privatización: sostiene que implicaría entregar durante años las funciones fundamentales del sistema a una empresa privada. Claudia Murguía (PAN) no se opuso, pero pidió que el contrato fije metas medibles. En julio, diputados federales de Morena rechazaron cualquier deuda, privatización o concesión, y condicionaron el apoyo federal a la transparencia del SIAPA.

Gobierno federal. Sheinbaum se dijo dispuesta a colaborar en el acueducto que dejó pendiente la administración de Enrique Alfaro. Tras la marcha, pidió al gobierno de Jalisco transparentar la lista de detenidos y explicar el uso de gas lacrimógeno.

Organizaciones civiles. El IMDEC contabilizó 51 personas detenidas arbitrariamente al corte de las 20:30 horas, más que la cifra oficial.

¿Qué implica el contrato del acueducto?

El punto central es quién paga, a quién y por cuánto tiempo. El contrato que propone el gobierno se conoce como CMRO, por Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Operación. La empresa se elegiría mediante concurso público internacional. La ganadora construiría el acueducto, se encargaría de mantenerlo y operarlo, y recuperaría su inversión con los pagos pactados. El acueducto tendría 42 kilómetros y sustituiría el sistema antiguo que pasa por Las Pintas.

Los usuarios no le pagarían a la empresa. El dinero saldría del presupuesto estatal, a través de la Comisión Estatal del Agua. Según la cobertura de la presentación ante el Congreso, cada año se comprometerían alrededor de 587 millones de pesos durante 20 o 25 años. La tarifa que paga cada hogar la sigue aprobando la Comisión Tarifaria del SIAPA. Con lo presentado hasta ahora, la empresa no podría decidir por su cuenta el precio del agua.

Eso no significa que el usuario no pague. El costo se cubriría con recursos públicos, es decir, con impuestos, y amarraría parte del presupuesto de tres gobiernos estatales. El precio no se decide después, cuando la empresa ya opera: queda fijado al firmar el contrato. Por eso los riesgos dependen de cómo esté redactado, no del nombre del esquema. Hay cuatro preguntas que hoy no tienen respuesta pública: cómo se actualizarán los pagos con el tiempo, quién absorbe los sobrecostos, qué pasa si la empresa no cumple y cuánto costaría cancelar el contrato antes de tiempo.

El debate sobre la deuda también requiere precisión. La Ley de Disciplina Financiera distingue entre deuda pública y “obligaciones”. En la segunda categoría incluye los compromisos de pago de las asociaciones público-privadas, sin importar cómo se llame el esquema. Decir que el contrato “no es deuda” es técnicamente correcto, porque no es un crédito. Pero sí es una obligación financiera reconocida por la ley, y por eso debe inscribirse en el registro federal de obligaciones.

Señales que generan dudas

  • Las cifras no permiten reconstruir el costo. 587 millones al año durante 20 años suman 11,740 millones, menos que los 11,922 millones anunciados; a 25 años serían 14,675 millones. Sin el calendario completo de pagos no se sabe cuánto pagaría realmente el Estado.
  • El documento completo no es público. No fue posible consultar la iniciativa con sus anexos financieros. El análisis más detallado publicado hasta ahora, del semanario Conciencia Pública, reconoce el mismo vacío.
  • Cambio en el discurso de financiamiento. En julio, Lemus subrayó que las acciones se hacían solo con dinero estatal; desde agosto, el proyecto principal depende de capital privado. El anuncio de julio se refería al plan de emergencia, pero el cambio de modelo no se explicó públicamente.
  • El monto ha variado. En agosto se hablaba de 10 mil millones de pesos; la iniciativa plantea 11,922 millones; otras referencias del gobierno mencionan 10,800 o 15 mil millones.
  • ¿Tres o cuatro empresas interesadas? El gobierno informó de tres propuestas no solicitadas, pero Lemus también habló de cuatro empresas. No se han dado a conocer sus nombres.
  • Retraso. Lemus prometió enviar las iniciativas antes del 15 de septiembre; la del acueducto llegó el 8 de octubre.
  • La explicación de las lluvias es incompleta. Siete de las descargas en el canal de Las Pintas son del propio SIAPA, y el saneamiento de la presa ya estaba en marcha desde inicios de año.
  • Cifras de colonias afectadas. El SIAPA y Salud hablan de unas 200, la CEDHJ de 600, y la lista para el descuento incluye 243.
  • Detenidos y asistentes. La cifra oficial es de 39 detenidos, frente a 51 según el IMDEC. La asistencia va de 4,500 personas (Protección Civil) a unas 10 mil (gobierno). El gobierno no ha presentado pruebas públicas de que existiera un grupo de choque.

Verificación de la información

Verificado

  • La suspensión del abasto desde Las Pintas y el sistema antiguo de Chapala durante seis meses, con tandeos desde el 12 de octubre.
  • Las 34 descargas residuales en el canal de Las Pintas, siete de ellas del SIAPA.
  • La iniciativa CMRO por 11,922 millones de pesos a 20–25 años. La pagaría la Comisión Estatal del Agua con presupuesto estatal y requiere 26 de 38 votos en el Congreso.
  • Los usuarios no le pagarían directamente a la empresa.
  • La Ley de Disciplina Financiera clasifica los pagos de asociaciones público-privadas como obligaciones.
  • El decreto de descuento del 80%, publicado el 27 de julio.
  • La cifra oficial de 39 detenidos y 28 policías lesionados.

Razonablemente inferible

  • El contrato introduce participación privada de largo plazo en infraestructura hídrica clave, aunque no transfiera el servicio al usuario.
  • El costo del contrato reducirá el margen de gasto de los próximos gobiernos estatales.
  • La reducción de volumen afectará a colonias que hoy no reportan agua sucia.
  • La crisis tiene causas acumuladas: infraestructura envejecida, descargas de varios municipios y del SIAPA, y fallas de cloración en la red.

Suposiciones no verificadas

  • Que la empresa fijará el precio del agua o que subirán las tarifas: con lo presentado, no hay base para afirmarlo.
  • Que el contrato no tendrá costos adicionales a largo plazo: depende de cláusulas que aún no son públicas.
  • La existencia de un grupo de choque organizado: es la versión del gobierno, sin evidencia presentada.
  • Que asistieron “decenas de miles” a la marcha: no hay un conteo oficial que lo respalde.
  • Los hallazgos de plomo y mercurio provienen de monitoreos ciudadanos; no se localizó una contraprueba oficial publicada.

Fuentes

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