Dos agentes de la CIA murieron en Chihuahua tras un operativo antinarco. El gobierno federal acusa violación a la Ley de Seguridad Nacional.
Resumen
Cuatro personas murieron la madrugada del 19 de abril de 2026 cuando un vehículo oficial cayó a un barranco en la sierra Tarahumara de Chihuahua. Los ocupantes regresaban de un operativo en el que se desmantelaron seis narcolaboratorios de metanfetamina en el municipio de Morelos. Además del director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y su escolta, los otros dos fallecidos resultaron ser, según reportaron The Washington Post y The New York Times, agentes de la CIA adscritos a la Embajada de Estados Unidos. El hallazgo detonó una crisis entre el gobierno federal, que asegura no haber sido notificado, y el gobierno de Chihuahua, que ha ofrecido versiones contradictorias sobre el papel de los agentes. El Senado citó a comparecer a la gobernadora Maru Campos y al fiscal César Jáuregui para el 28 de abril, y la bancada del PT presentó una solicitud de juicio político contra la mandataria estatal por presunta traición a la patria.
Desarrollo de la información
El operativo que originó el caso fue resultado de tres meses de trabajo de inteligencia entre la AEI de Chihuahua y, según la Fiscalía estatal, la Secretaría de la Defensa Nacional. Entre el 17 y el 18 de abril, un centenar de elementos se desplegaron en la zona serrana colindante entre los municipios de Guachochi y Morelos para localizar y desmantelar seis laboratorios clandestinos destinados a la producción de drogas sintéticas. Uno de ellos, de 850 metros cuadrados, contenía siete depósitos conectados a 15 hornos, dos calderas, decenas de tambos de mil litros, 14 depósitos con acetona y 103 cilindros de gas LP. El fiscal César Jáuregui lo calificó como uno de los hallazgos más grandes de su tipo en el país.
El despliegue involucró, según las cifras del propio fiscal, cerca de 80 elementos estatales y 40 de la Sedena. Fuentes militares consultadas por Reforma ajustaron esos números a 73 soldados y 57 agentes estatales uniformados. La Sedena sostiene que su participación se limitó a seguridad perimetral por solicitud de la Fiscalía estatal, sin intervenir en la planeación ni en la ejecución del operativo.
Alrededor de las dos de la madrugada del 19 de abril, el convoy de cinco vehículos que transportaba al personal de regreso sufrió un accidente. La camioneta que encabezaba la caravana derrapó, cayó por un barranco y se incendió. Murieron Pedro Román Oseguera Cervantes, director general de la AEI con apenas siete meses en el cargo; Manuel Genaro Méndez Montes, su escolta; y dos ciudadanos estadounidenses cuya identidad no fue revelada por las autoridades mexicanas ni por la Embajada de Estados Unidos.
Dos días después, The Washington Post y The New York Times revelaron que los estadounidenses fallecidos eran agentes de la CIA asignados a labores antinarcóticos en el hemisferio occidental. La investigación del periodista Luis Chaparro, publicada en Pie de Nota y retomada por Infobae y Grupo Fórmula, fue más allá: no eran dos, sino cuatro agentes de la CIA los que participaron en el operativo. Según Chaparro, los cuatro estaban adscritos a la Dirección de Operaciones de la agencia con sede en Monterrey, Nuevo León, donde llevaban entre tres y cuatro años asignados. Los cuerpos de los dos fallecidos fueron entregados en el Consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez e identificados, según esa investigación periodística, como Richard Leiter Johnston, de 36 años, y John Dudley Black, de 44. Ni el gobierno estadounidense ni la CIA han confirmado estos nombres ni la adscripción de los agentes.
Un dato adicional agravó la controversia: según fuentes de seguridad cercanas al caso consultadas por Proceso y corroboradas por un integrante del Congreso de Chihuahua, los agentes de la CIA portaban uniformes de la policía estatal de Chihuahua durante el operativo, vestidos de la misma manera que los efectivos de la AEI. El LA Times reportó que esta práctica no fue un hecho aislado: los agentes habrían utilizado uniformes de la corporación estatal en al menos tres operativos distintos en lo que va del año. La investigación de Chaparro amplió ese alcance: un grupo de más de diez agentes habría participado, desde enero de 2026, en más de una decena de operativos en el estado siempre con uniformes de la AEI.
¿Qué dicen las fuentes?
Las versiones oficiales sobre este caso se han contradecido de manera directa en al menos tres puntos.
El fiscal César Jáuregui ofreció primero la versión de que los estadounidenses no participaron en el operativo del narcolaboratorio, sino que se encontraban en el poblado de Polanco, municipio de Morelos, realizando labores de capacitación en el manejo de drones. Según esa primera versión, los agentes coincidieron con el convoy al solicitar un traslado hacia la ciudad de Chihuahua para abordar un vuelo. Posteriormente, el propio fiscal admitió que los agentes sí formaban parte de la operación. Sheinbaum señaló ese giro al declarar que la Fiscalía estatal cambió su versión.
La gobernadora Maru Campos aseguró que el operativo contó con la participación de la Sedena y que las fuerzas armadas estaban al tanto. Sheinbaum lo negó frontalmente en la mañanera del 23 de abril: la Sedena no sabía que había agentes extranjeros. García Harfuch respaldó esa postura al explicar que el Ejército acudió a dar seguridad perimetral por solicitud de la Fiscalía local, sin conocimiento de la presencia de personal extranjero ni participación en la planeación.
La Embajada de Estados Unidos ha guardado silencio sobre los hechos. La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, respondió al caso exigiendo que México mostrara empatía por la muerte de los dos estadounidenses. Sheinbaum separó el plano humano del jurídico: afirmó haber expresado condolencias al embajador Ronald Johnson de manera personal, pero insistió en que ese gesto no exime a nadie del cumplimiento de la ley.
¿Por qué importa esto?
El caso expone una falla estructural en los mecanismos de coordinación entre niveles de gobierno en materia de seguridad nacional. La Ley de Seguridad Nacional, reformada en 2020, establece con claridad las condiciones bajo las cuales agentes extranjeros pueden internarse en territorio mexicano. Los artículos 69 y 71 limitan su actividad al intercambio de información y prohíben que ejerzan funciones reservadas a autoridades mexicanas. El artículo 70 obliga a todo servidor público —incluidos los de entidades federativas— a apegarse a esas disposiciones. La acreditación de cualquier agente extranjero debe pasar por la Secretaría de Relaciones Exteriores en acuerdo con las secretarías de Seguridad, Defensa y Marina.
Si se confirma que agentes de la CIA participaron en operativos de campo, vistieron uniformes de corporaciones mexicanas y realizaron labores operativas más allá del intercambio de información, el gobierno de Chihuahua habría facilitado una violación al marco constitucional. La Ley de Seguridad Nacional prevé consecuencias directas: los servidores públicos que permitan, toleren o no reporten actividades ilegales de agentes extranjeros son corresponsables y pueden enfrentar inhabilitación, cese, multa o proceso penal. Los agentes extranjeros, por su parte, no gozan de inmunidad si cometen delitos o infracciones en territorio mexicano.
La dimensión política del caso también es significativa. El PT en la Cámara de Diputados solicitó formalmente al Senado iniciar juicio político y eventual destitución de la gobernadora Maru Campos por violaciones graves a la Constitución y traición a la patria. El Senado, con 15 votos a favor y 1 en contra en la Comisión de Puntos Constitucionales, fijó una reunión de trabajo con Campos y el fiscal Jáuregui para el 28 de abril, un procedimiento inédito en la historia reciente del país: nunca se había citado a comparecer a una gobernadora por permitir la operación de agentes extranjeros sin autorización federal. Sheinbaum instruyó al Consejo de Seguridad a enviar un recordatorio formal a los 31 gobernadores sobre el marco legal que regula la cooperación internacional en seguridad. La FGR, por su parte, abrió una investigación sobre la posible violación a la Ley de Seguridad Nacional.
Sin embargo, el caso también plantea preguntas incómodas para el gobierno federal. El senador Saúl Monreal, de Morena, señaló que lo ocurrido constituye una violación flagrante al artículo 40 de la Constitución. Pero legisladores de la oposición cuestionaron cómo es posible que 73 soldados hayan participado en el operativo durante dos días sin que la cadena de mando militar reportara la composición del despliegue a las instancias federales. La Sedena argumenta que no verifica la identidad de cada agente con el que colabora, lo cual, de ser cierto, señala una vulnerabilidad en los protocolos de coordinación que trasciende la responsabilidad del estado de Chihuahua.
Señales que generan dudas
Las declaraciones cambiantes del fiscal Jáuregui representan la inconsistencia más evidente del caso. Primero afirmó que los estadounidenses no estaban en el operativo. Luego dijo que estaban dando capacitación en drones y fueron recogidos por el convoy. Después admitió que sí participaron. En su versión más reciente, volvió a negar su participación directa, afirmando que se encontraban a nueve horas del narcolaboratorio. Al menos tres de esas versiones son mutuamente excluyentes.
El uso de uniformes de la policía estatal por parte de agentes extranjeros plantea interrogantes sobre cuántas personas en la cadena de mando conocían su verdadera identidad. Si los agentes de la CIA operaban mimetizados con la AEI, el argumento de la Sedena de que no podía saber quiénes eran resulta más comprensible, pero también más preocupante: significa que agentes de inteligencia extranjeros pueden operar en territorio mexicano sin ser identificados por las fuerzas armadas que participan en los mismos operativos.
La afirmación de que esta sería al menos la tercera operación del año con presencia de agentes de la CIA en Chihuahua, reportada por el LA Times, y de que un grupo de más de diez operativos habría actuado desde enero según la investigación de Chaparro, sugiere que no se trató de un evento aislado sino de un esquema sostenido de colaboración al margen del conocimiento federal.
La conducta de la gobernadora posterior al caso también genera preguntas. Sheinbaum reveló que intentó contactar a Maru Campos por teléfono para solicitar explicaciones, pero la gobernadora no estaba disponible. La única reunión prevista era un encuentro remoto con García Harfuch, no una comparecencia presencial ante instancias federales.
Verificación de la información
Verificado: El accidente ocurrió la madrugada del 19 de abril de 2026 en la sierra Tarahumara. Murieron cuatro personas: Pedro Román Oseguera Cervantes (director de la AEI), Manuel Genaro Méndez Montes (escolta) y dos ciudadanos estadounidenses. El operativo desmanteló narcolaboratorios de drogas sintéticas en el municipio de Morelos. Elementos de la Sedena estuvieron presentes en la zona. El gobierno federal no fue notificado de la presencia de agentes extranjeros. El Senado citó a Maru Campos y al fiscal Jáuregui a comparecer el 28 de abril. La FGR abrió investigación. El PT solicitó juicio político contra Campos.
Razonablemente inferible: Los dos estadounidenses fallecidos eran agentes de la CIA, con base en las revelaciones de The Washington Post, The New York Times y la investigación independiente de Luis Chaparro, aunque ni el gobierno de EE.UU. ni la CIA lo han confirmado oficialmente. Los agentes de la CIA habrían portado uniformes de la AEI, según fuentes de seguridad citadas por Proceso y por la investigación de Chaparro. La colaboración entre el gobierno de Chihuahua y agentes estadounidenses no era un evento aislado, según reportes del LA Times y de Pie de Nota.
Suposiciones no verificadas: Que la Sedena participó activamente en la planeación del operativo durante tres meses, como afirma el fiscal, pero que la propia Sedena niega. Que los agentes de la CIA localizaron el narcolaboratorio con su propia tecnología y llevaron a las autoridades al sitio, versión sostenida por Chaparro pero no confirmada oficialmente. Que la gobernadora Campos tenía conocimiento directo de la identidad de los agentes como personal de la CIA. Las circunstancias exactas del accidente, incluida la posibilidad de un ataque, no han sido descartadas oficialmente.
Fuentes
- The Washington Post – CIA officers killed in Mexico drug lab raid
- Proceso – Agentes que murieron en Chihuahua eran de la CIA
- Proceso – Agentes de la CIA portaban uniformes de la policía estatal
- Infobae – El accidente que destapó una operación de EE.UU. en México
- Infobae – No eran dos, eran cuatro agentes de la CIA
- Infobae – Qué dice la ley mexicana sobre agentes extranjeros
- Infobae – Sheinbaum desmiente a gobernadora de Chihuahua
- Infobae – Operaciones de la CIA en Chihuahua: al menos tres ocasiones
- El Universal – Sheinbaum: hubo una falta del gobierno de Chihuahua
- El Universal – Qué dice la ley sobre operativos de agentes extranjeros
- SinEmbargo – Fiscal miente, eran CIA: periodista
- Milenio – PT exige juicio político y destitución de Maru Campos
- Milenio – Comisión del Senado cita a Maru Campos y fiscal
- SDP Noticias – Senado fija comparecencia para el 28 de abril
- Vanguardia – Sheinbaum señala falla del gobierno de Chihuahua
- Reforma / AM – Participó Ejército en operativo sin saberlo
- Semanario Zeta – Sedena desconocía presencia de la CIA
- La Jornada – Senado cita a Maru Campos por operativo con agentes de EU
- El Diario de Chihuahua – La ley es clara sobre intervención extranjera
- Ley de Seguridad Nacional – Cámara de Diputados (PDF)
- El Financiero – Muere Pedro Oseguera Cervantes
- Fiscalía General del Estado de Chihuahua – Comunicados AEI