El engaño de Salazar: la mentira que México no puede castigar

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La FGR acusa a Ken Salazar de mentir sobre la captura de “El Mayo” Zambada, pero admite que no puede sancionarlo.

Resumen

La Fiscalía General de la República acusó al exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, de mentir al gobierno mexicano cuando negó que agencias de su país participaran en la captura de Ismael “El Mayo” Zambada, en julio de 2024. La acusación surge tras un reportaje periodístico que atribuye el operativo al FBI. La propia Fiscalía reconoció que, por tratarse de un tema de derecho internacional y por la inmunidad diplomática de Salazar, ninguna autoridad mexicana puede investigarlo, perseguirlo ni sancionarlo por esas declaraciones. Salazar respondió el mismo día ratificando su versión: “La verdad es la verdad”.

Desarrollo de la información

El 8 de julio de 2026, en conferencia de prensa desde la Ciudad de México, la fiscal general Ernestina Godoy Ramos señaló al exembajador Ken Salazar por haber faltado a la verdad respecto a la operación que sacó de territorio mexicano al fundador del Cártel de Sinaloa. La Fiscalía recordó que, el 9 de agosto de 2024, Salazar afirmó públicamente que el gobierno estadounidense no había intervenido: que no fue una aeronave estadounidense, ni su piloto, ni sus agentes, sino una disputa entre facciones del crimen organizado.

El cuestionamiento oficial no llegó de forma espontánea. Se activó después de que el periodista Luis Chaparro, director del medio Pie de Nota, difundiera una investigación con fotografías inéditas del operativo y un documento atribuido al FBI en el que la agencia estadounidense se adjudica la detención de Zambada y de Joaquín Guzmán López. Según ese reportaje, el traslado se realizó en una aeronave Beechcraft King Air de 1976 modificada para evitar ser rastreada —con cambios en el motor, la pintura, las luces y el número de serie—, hoy exhibida en un museo del aire en Santa Teresa, Nuevo México.

De acuerdo con la versión que la propia Fiscalía retoma del reportaje, quien engañó y entregó materialmente a “El Mayo” fue Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”, que lo habría convencido de reunirse para luego ponerlo en manos de las autoridades estadounidenses. El arresto físico ocurrió ya en suelo estadounidense, en el estado de Nuevo México.

Godoy planteó que el conjunto de los hechos, de confirmarse, configuraría tres situaciones graves: violaciones al derecho mexicano e internacional, un pacto al margen de la ley y la mentira de un diplomático extranjero. Esa mentira, sostuvo la Fiscalía, transgrede el principio de buena fe que rige las relaciones diplomáticas, previsto en diversos tratados internacionales.

¿Qué dicen las fuentes?

La FGR informó que abrió nuevas líneas de investigación y que activó el mecanismo de asistencia jurídica internacional contemplado en el tratado bilateral entre ambos países. El fiscal especializado en Control Competencial, Raúl Armando Jiménez Vázquez, detalló que de las solicitudes enviadas a Estados Unidos se recibieron seis respuestas, mientras que cinco asuntos permanecían sin resolver, y que la dependencia envió dieciséis oficios de insistencia al Departamento de Justicia estadounidense.

El mismo funcionario precisó el alcance jurídico de la acusación: lo que se reprocha a Salazar es haberse conducido con falsedad, no participar en el operativo. Subrayó que señalar la mentira no equivale a atribuirle corresponsabilidad en la operación del FBI, y que el actuar del embajador no tiene consecuencias penales porque goza de inmunidad diplomática.

Salazar respondió el mismo 8 de julio a través de su cuenta en X. Lejos de matizar, ratificó lo comunicado en julio de 2024 en coordinación con el entonces fiscal general estadounidense, Merrick Garland: que no fue el avión, ni el piloto, ni la operación de Estados Unidos. “La verdad es la verdad”, escribió. Días después, en entrevista, sostuvo que ni la embajada ni las dependencias centrales de justicia en Washington tenían conocimiento previo de la maniobra, y atribuyó la falta de aclaraciones a que el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador no habría respondido a las comunicaciones estadounidenses.

La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la acusación el 9 de julio. Afirmó que hubo “omisión y mentira” por parte del exembajador y confirmó que pidió a la Fiscalía incorporar ese señalamiento a la carpeta de investigación ya abierta sobre el caso.

¿Por qué México no puede sancionarlo?

El núcleo del problema no es solo la acusación, sino su límite. La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que ambos países han suscrito, blinda a los agentes diplomáticos frente a la jurisdicción del Estado receptor por los actos realizados en ejercicio de sus funciones. Aunque Salazar ya no es embajador, las declaraciones que la FGR le reprocha las emitió durante su encargo, lo que las coloca fuera del alcance de cualquier tribunal mexicano.

De ahí la paradoja que la propia Fiscalía admite: puede documentar la contradicción, exhibirla y llevarla al terreno diplomático, pero no traducirla en una sanción. El derecho internacional sanciona la ruptura de la buena fe con consecuencias políticas —protestas, notas diplomáticas, deterioro de la relación—, no con castigo penal a la persona del diplomático. Para un Estado que denuncia haber sido engañado mientras otro gobierno operaba en asuntos de su territorio, la vía de reparación es estrecha.

La asimetría es evidente si se invierten los papeles: una operación no notificada de un gobierno extranjero para extraer a una persona desde suelo de otro país, seguida de la negación oficial de un embajador, difícilmente sería tolerada por Estados Unidos sin una reacción de máxima gravedad. El marco jurídico internacional, sin embargo, no ofrece a México una herramienta equivalente de coacción.

Señales que generan dudas

La acusación se sostiene sobre una base que conviene mirar de cerca. Hasta la fecha, la FGR no ha presentado evidencia pública propia que vincule personalmente a Salazar con el operativo, ni que demuestre que conocía una versión distinta a la que declaró. El principal soporte de la imputación es un reportaje periodístico que cita un documento interno y fuentes anónimas del FBI, no un peritaje ni un reconocimiento oficial del gobierno estadounidense ante autoridades mexicanas.

Por eso la fiscal enmarcó todo su razonamiento en condicional —”de confirmarse” la participación del FBI—. Una contradicción entre lo que un embajador dijo y lo que un reportaje afirma no equivale, por sí sola, a una mentira jurídicamente probada. La gravedad del señalamiento es real; su acreditación formal, todavía no.

Tampoco está cerrada la cadena de responsabilidades del lado mexicano. En su momento, el gobierno extraditó al piloto de la aeronave a Estados Unidos, decisión tomada durante la gestión del entonces fiscal Alejandro Gertz Manero, cuyo esclarecimiento la propia administración ha dejado en manos de la Fiscalía.

Verificación de la información

Verificado: El 8 de julio de 2026 la FGR, por medio de Ernestina Godoy, acusó públicamente a Ken Salazar de mentir sobre la captura de “El Mayo” Zambada. La Fiscalía reconoció que no puede investigarlo ni sancionarlo por su inmunidad diplomática. Salazar ratificó su versión el mismo día (“La verdad es la verdad”). Sheinbaum respaldó la acusación el 9 de julio. El detonante fue el reportaje de Luis Chaparro en Pie de Nota.

Razonablemente inferible: Que la operación de extracción, tal como la describe la versión mexicana, fue ejecutada materialmente por Joaquín Guzmán López y no por agentes estadounidenses pisando suelo mexicano, lo que ubica el arresto físico en territorio de Estados Unidos.

Suposiciones no verificadas: Que Salazar conocía una versión distinta a la que declaró públicamente. Que el FBI planeó y coordinó el operativo en los términos que atribuye el reportaje. Ninguno de estos extremos cuenta, al día de hoy, con reconocimiento oficial del gobierno estadounidense ante autoridades mexicanas ni con prueba pública aportada por la FGR.

Fuentes

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