Ruffo, del PAN al Altiplano: la red de huachicol fiscal

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Ernesto Ruffo fue vinculado a proceso por huachicol fiscal. FGR estima 4 mil mdp de daño al erario, 15.3 millones de litros y 25 órdenes de captura.

Resumen

Ernesto Ruffo Appel, primer gobernador opositor de México y exmandatario panista de Baja California, fue vinculado a proceso el 23 de julio de 2026 por delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos. La Fiscalía General de la República lo señala como operador de una red que introdujo gasolina y diésel desde Texas declarando alrededor del 10% del volumen real ante las aduanas. La fiscal Ernestina Godoy calificó el caso como la red de contrabando de combustible más grande detectada hasta ahora y estimó el daño al erario en más de 4 mil millones de pesos. Ruffo permanece en el penal del Altiplano junto con cuatro coacusados. Se trata de huachicol fiscal, no de robo de combustible a ductos: el producto se compró legalmente en Estados Unidos y el delito ocurrió al cruzar la frontera.

Desarrollo de la información

La detención ocurrió el 16 de julio de 2026 en Ensenada, Baja California, cuando Ruffo Appel, de 74 años, llegaba a una reunión. Fue trasladado a las instalaciones de la FGR en Tijuana y después al Centro Federal de Readaptación Social número 1, el Altiplano, en el Estado de México.

El 23 de julio, tras una audiencia que se extendió por más de 30 horas y que incluyó la duplicidad del término constitucional solicitada por la defensa, la jueza Alejandra Ramírez de la Vega, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, resolvió la vinculación a proceso del exgobernador y de siete coacusados. Determinó prisión preventiva en el Altiplano para Ruffo y cuatro personas más, prisión domiciliaria por motivos de salud para otras dos, y reclusión en el Cereso de Nezahualcóyotl Sur para una acusada.

El mecanismo que describe la fiscalía arrancaba en refinerías de Texas, donde empresas vinculadas a la red compraban gasolina y diésel. El producto cruzaba a México en carros tanque de ferrocarril por las aduanas de Nuevo Laredo, Ciudad Camargo, Matamoros y Reynosa, todas en Tamaulipas. Ahí venía la parte central del esquema: cada carro tanque tiene capacidad de hasta 110 mil litros, pero los pedimentos de importación reportaban alrededor de 10 mil. En algunos casos la carga se declaraba como desperdicios de combustible o aceite quemado de baja calidad, productos con carga fiscal menor.

Ya dentro del país, el hidrocarburo viajaba por vía férrea hasta puntos de descarga conocidos como espuelas ferroviarias, donde se transfería a pipas y tractocamiones sin contar con permisos de la Comisión Reguladora de Energía. Siete empresas se encargaban de la distribución posterior. El destino principal era Coahuila, Durango y Zacatecas, aunque las acciones de investigación se ejecutaron en ocho estados: Baja California, Nuevo León, Hidalgo, Tamaulipas, Coahuila, San Luis Potosí, Querétaro y Tabasco.

El origen del expediente está en Coahuila. En julio de 2025, un operativo en el que participaron Sedena, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la FGR, Protección Civil, Pemex y la Agencia Nacional de Aduanas aseguró 33 ferrotanques con hidrocarburo en Ramos Arizpe. Sumando el operativo en Saltillo, las autoridades reportaron 129 carros tanque asegurados con más de 15 millones de litros. Ese decomiso fue el segundo gran golpe de la investigación: el primero había sido en marzo de 2025, con el aseguramiento del buque Challenge Procyon en la aduana de Tampico y 10 millones de litros de diésel.

¿Qué dicen las fuentes?

Ernestina Godoy, titular de la FGR, expuso los datos del caso en un mensaje a medios el 16 de julio. Las cifras que presentó son las siguientes:

  • 4 mil 238 operaciones de importación irregulares documentadas entre enero y julio de 2025.
  • 15 millones 299 mil 830 litros de combustible no declarados ante las autoridades.
  • 162 carros tanque de ferrocarril utilizados para omitir el pago de contribuciones federales. El expediente al que tuvo acceso El Universal refiere al menos 163 vehículos.
  • En diésel, el volumen real introducido superó en más de diez veces lo autorizado; en gasolina regular, la diferencia fue de más de tres veces y media.
  • 25 objetivos con orden de aprehensión, entre ellos operadores logísticos y servidores públicos del sistema aduanero.
  • Más de 4 mil millones de pesos de daño estimado al erario entre enero y julio de 2025.

La misma fiscalía desglosó un cálculo específico sobre las operaciones documentadas: 88 millones 511 mil 516 pesos de IEPS evadido y 18 millones 289 mil 304 pesos de IVA no pagado, para un total de 106 millones 800 mil 821 pesos por esos dos impuestos. La cifra de 4 mil millones corresponde a la estimación ampliada del periodo completo, no a ese desglose.

En la ruta del dinero, la FGR y la Unidad de Inteligencia Financiera identificaron a Ingemar S.A. de C.V. como la empresa que concentraba y dispersaba los recursos. El análisis oficial detectó movimientos por más de 3 mil 75 millones de pesos a través de cerca de 80 cuentas bancarias nacionales, además de operaciones cambiarias superiores a mil 386 millones de dólares. Las cuentas mostraban un patrón de recepción y transferencia casi inmediata con saldos mínimos al cierre, conducta característica de las llamadas cuentas puente, diseñadas para dificultar la identificación del origen del dinero y evadir los sistemas automatizados de alertas de la banca comercial.

El diario El CEO, con base en la acusación penal, reportó 1 mil 457 transacciones por hasta 5 mil 432 millones de pesos movidas durante once años entre el sistema bancario de México, Estados Unidos y Alemania, en bancos como Intercam, Monex, BBVA, CIBanco, Banco Base, Banorte, Banamex y Bank of America. La operación individual más grande detectada fue de 742 millones 771 mil 576 pesos, transferida de una cuenta de Crismon Hidrocarburos en Banorte a una cuenta de Ingemar en Intercam, ya cuando Ruffo estaba bajo investigación. El mismo reporte identifica a Belar Fuels Company, con cuenta en First Financial Bank en Estados Unidos, como receptora de recursos, y cerca de 380 mil dólares enviados a cuentas de Ricardo Thompson Navarro en Bank of America.

Sobre el papel de las aduanas, la FGR identificó a los agentes aduanales Víctor José Carretero Zardeneta y Juan Hermilo Chávez Rodríguez como piezas centrales por haber validado 40 pedimentos de importación en las aduanas de Nuevo Laredo y Matamoros, utilizando su firma electrónica para declarar información falsa. Rafael Marín Mollinedo, exdirector de la Agencia Nacional de Aduanas de México, declaró públicamente el 21 de julio que sí existieron funcionarios ligados al contrabando, pero se deslindó de cualquier colusión: “Que no anden diciendo que estoy coludido”.

Godoy informó además que del 1 de diciembre de 2025 al 15 de julio de 2026 la FGR llevó a proceso a 407 personas relacionadas con redes de contrabando de combustible por vía marítima, ferroviaria y terrestre.

La defensa sostiene otra versión. En entrevistas previas a su detención, Ruffo Appel declaró al semanario Zeta y a El Universal que Ingemar era únicamente intermediaria: importaba con su permiso a solicitud de Crismon Hidrocarburos y Derivados a cambio de una comisión, y que una vez cruzada la aduana el combustible dejaba de ser suyo. “En mi opinión, la que está en el ombligo de todo esto es la aduana”, dijo. El partido Somos México, del que Ruffo es consejero consultivo, sostiene que la FGR acusa a la empresa equivocada y califica el caso como persecución política.

¿Por qué importa este caso?

El huachicol fiscal no es robo de gasolina en carretera. Es la introducción de combustible legalmente adquirido en el extranjero mediante declaraciones falsas en aduanas, para venderlo en México sin pagar el IEPS ni el IVA correspondientes. El efecto es doble: el Estado deja de recibir impuestos y el combustible ilegal entra al mercado con una ventaja de costo que ninguna gasolinera que sí paga puede igualar.

El caso también expone el punto débil del sistema aduanero mexicano. La Agencia Nacional de Aduanas quedó bajo control de la Secretaría de Marina durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador precisamente como medida anticorrupción. La investigación que arrancó en 2025 terminó señalando a marinos en activo y en retiro, además de exfuncionarios aduaneros: el 7 de septiembre de 2025, Omar García Harfuch informó la detención de 14 personas por el decomiso de Tampico, entre ellas tres empresarios, cinco marinos en activo, uno en retiro y cinco exfuncionarios de aduanas.

Para el lector común hay un tercer efecto: la Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó el 24 de julio que la investigación sigue abierta y que la FGR indaga a más empresas de la red ferroviaria. La FGR ya identificó al menos 11 empresas que habrían simulado operaciones. De las 25 órdenes de aprehensión, solo ocho personas están vinculadas a proceso.

Señales que generan dudas

Tres cifras que no miden lo mismo. Circulan al menos tres números en la cobertura: 106.8 millones de pesos (IEPS más IVA de las operaciones documentadas), 4 mil millones de pesos (estimación ampliada del daño al erario) y 5 mil 432 millones de pesos (flujo bancario triangulado). El tercero no es daño fiscal, es movimiento de dinero. Confundirlos infla o desinfla el caso según convenga. La FGR no ha publicado la metodología con la que pasó de 106.8 millones a 4 mil millones.

El eslabón que falta. El esquema requiere que alguien dentro de aduanas permita el paso sin revisión. Hay dos agentes aduanales identificados y servidores públicos entre los 25 objetivos, pero hasta ahora ningún mando superior del sistema aduanero ha sido vinculado a proceso en este expediente específico. Marín Mollinedo reconoció que había funcionarios involucrados sin señalar a nadie.

Volúmenes inconsistentes entre fuentes. La FGR habla de 15 millones 299 mil 830 litros no declarados con 162 carros tanque. El expediente citado por El Universal atribuye a Ingemar más de 9 millones de litros en los últimos meses de 2025, con al menos 163 vehículos. Las cifras pueden referirse a periodos o alcances distintos, pero ninguna fuente lo aclara.

Verificación de la información

Verificado

  • La detención de Ernesto Ruffo Appel el 16 de julio de 2026 en Ensenada, Baja California.
  • La vinculación a proceso el 23 de julio de 2026 por delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos, dictada por la jueza Alejandra Ramírez de la Vega.
  • La prisión preventiva en el penal del Altiplano para Ruffo y cuatro coacusados.
  • Las cifras oficiales presentadas por Ernestina Godoy: 4,238 operaciones de importación, 15,299,830 litros no declarados, 162 carros tanque, 25 órdenes de aprehensión, más de 4 mil millones de pesos de daño estimado.
  • El desglose de 88.5 millones de pesos por IEPS y 18.3 millones por IVA.
  • El aseguramiento de 33 ferrotanques en Ramos Arizpe, Coahuila, en julio de 2025 como punto de partida de la investigación.
  • Las declaraciones públicas de Ruffo Appel a El Universal y al semanario Zeta antes de su detención.
  • El bloqueo de cuentas por parte de la UIF.

Razonablemente inferible

  • Que la operación requería colaboración sostenida dentro del sistema aduanero: 4,238 pedimentos con subdeclaración sistemática no pasan sin validación.
  • Que el patrón de cuentas con saldo mínimo y transferencia inmediata corresponde a un esquema deliberado de ocultamiento, y no a operación comercial ordinaria.

Suposiciones no verificadas

  • Que Ruffo Appel encabezaba personalmente la estructura criminal. La FGR lo describe como operador estratégico y facilitador; la calificación de liderazgo será materia del proceso.
  • Que la detención responde a un cálculo político. Es la posición de la defensa y de la oposición; no hay documento público que lo sustente.
  • Que el cambio de juzgador constituyó búsqueda de juez favorable. Es una hipótesis de la defensa; tampoco está documentada.
  • El destino final y los beneficiarios últimos de los recursos transferidos al extranjero. Sigue bajo investigación.

Fuentes

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